Sentencia: 2407/2010-R

El art. 52 de la LCJ faculta al Consejo de la Judicatura a disponer la suspensión de funcionarios juridiciales en dos casos: En primer lugar de aquellos contra quienes se hubiese abierto proceso penal, entendiendo a ese fin la apertura del mismo conforme se ha precisado en el Fundamento Jurídico  II.2 de la presente disidencia; en segundo lugar contra quienes se haya iniciado proceso disciplinario  por faltas muy graves y graves previstas por la propia Ley del Consejo de la Judicatura. En ambos casos la naturaleza de esta facultad es la de otorgar una medida preventiva que permita al Órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial encarar la sustanciación de procesos penales o administrativo-disciplinarios sin que sus propios funcionarios, prevalidos de sus cargos, puedan entorpecerla. Respecto a la configuración de la facultad en examen, concedida al Consejo de la Judicatura, es conveniente recordar que este Tribunal al resolver un recurso directo de inconstitucionalidad presentado contra el mismo y otras normas, a través de la SC 0079/2005 señaló que: “(…) Es necesario distinguir las medidas preventivas de las sanciones propiamente dichas. Las medidas preventivas, en un proceso ya iniciado, son aquellas asumidas por una autoridad jurisdiccional o administrativa con el fin de mantener una situación inalterable en tanto se tramita un proceso, tal el caso, por ejemplo, de la medida de “no innovar” que se suele utilizar en materia civil cuando están en controversia derechos propietarios o de posesión; o la medida preventiva de suspensión temporal del ejercicio de funciones de un funcionario público mientras se sustancie el proceso administrativo interno.

Conforme se ha estudiado, la suspensión indicada reviste una medida de carácter preventivo y no como sanción propiamente dicha cuando se limita simplemente a suspender del ejercicio de funciones a la persona, pero cuando esa medida va acompañada de la restricción de percibir su remuneración, se convierte en sanción. En síntesis, se tratará de una medida preventiva cuando se limite a la suspensión de las funciones por un determinado tiempo, cuyo máximo señalado por ley jamás debe ser rebasado, por una parte, y por otra, si se trata de una suspensión sin goce de haberes, deja de tener el carácter de medida preventiva y asume la forma de sanción que debe tener el proceso previo, sustanciado según el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, la suspensión del ejercicio de funciones que dispone el art. 52 de la LCJ, puede válidamente ser aplicado con goce de haberes a todo funcionario judicial que preste servicios en una función sujeta un sueldo sin que ello implique la conculcación de los derechos y garantías de la persona porque, además, esa medida persistirá en tanto dure la sustanciación del proceso