SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0776/2011-R

La jurisprudencia constitucional, pronunciada por este Tribunal de manera uniforme y reiterada, ha señalado que al conocer una acción de amparo constitucional no le corresponde valorar la prueba producida dentro de la sustanciación de un proceso, sea éste judicial o administrativo, por cuanto dicha atribución es privativa de los órganos jurisdiccionales ordinarios, no estando por ende facultado para pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, por lo que, menos puede revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades competentes al efecto. Dicho entendimiento tiene sustento, entre otros, en el hecho de que si bien esta acción tutelar tiene como finalidad la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, no es una instancia procesal y por ello, no se la puede equiparar a un recurso de apelación y menos, a un recurso de casación, porque: "…no está configurado como una instancia procesal de revisión de las resoluciones pronunciadas dentro de los procesos ordinarios o administrativos que el ordenamiento jurídico prevé, pues no es una instancia que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que esta acción tutelar se encuentra abierta respecto de los actos u omisiones que lesionan derechos y garantías fundamentales, pero de ningún modo se activa para analizar el fondo del proceso…" (SC 0929/2005-R de 12 de agosto).