SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1359/2011-R

Según la configuración prevista en el art. 125 de la CPE, el ámbito de protección de la acción de libertad se amplía inclusive a la vida, amenazada a consecuencia de la privación o restricción del derecho fundamental a la libertad, al disponer que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

En atención a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y conforme al contexto de la problemática que se revisa, cabe aclarar que se entiende por persecución indebida a la acción de una autoridad con el propósito de buscar, perseguir u hostigar a una persona, sin motivo legal  orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos previstos por ley, o bien, cuando se emite la orden de denteción, captura o aprehensión al margen de las formalidades, requisitos y previsiones legales; actuaciones que configurarían una lesión al debido proceso, que es considerado el centro en el que convergen y dimanan todas las garantías procesales y derechos fundamentales, al tratarse de: “…un instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, lo que implica que la naturaleza del debido proceso está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, como un principio procesal y como una garantía de la administración de justicia” (SC 0014/2010-R de 12 de abril, entre otras).