SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1803/2012

Como se advierte en el nuevo orden constitucional, la seguridad jurídica no está instituida como derecho, sino como principio rector de los actos de la jurisdicción ordinaria o administrativa, similar criterio se encuentra en el art. 178.I de la CPE, promulgada el 7 de febrero de 2009, cuando señala: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica…”; en ese sentido, se establece como principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo, que no configura derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos por lo que no puede ser tutelado por la acción de amparo constitucional, misma que por su naturaleza tiene la finalidad de proteger derechos fundamentales y no principios reconocidos en la Ley, lo cual no significa que la jurisdicción ordinaria no deba cumplir, más al contrario es quien debe resguardar su cumplimiento.