SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1803/2012

Al respecto la SCP 0542/2012 de 9 de julio señala que: “El art. 115.I y II de la CPE, establece: 'Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El Estado garantiza el derecho al debido proceso…'. En este sentido, el debido proceso, es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia; en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos o tenga que determinarse una responsabilidad; de donde se entiende que la garantía del debido proceso no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo (entendimiento asumido en la SC 1562/2011-R de 11 de octubre)”.

De todo lo referido se concluye que, las autoridades sean administrativas o jurisdiccionales que emitan resoluciones tienen la obligación de fundamentar y motivar las mismas, es decir, exponer los hechos, señalar normas, caso contrario se estaría tomando decisiones de hecho y no de derecho, lo cual va contra lo establecido por la ley y la jurisprudencia constitucional.