SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2058/2012

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a contar con una resolución debida, razonable y suficientemente motivada y a un juez imparcial y natural, siendo que, tanto el Auto de 4 de marzo de 2009, que resuelve las excepciones de prescripción de la acción penal y extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, así como el Auto Supremo 94/2010 de 3 de enero de 2011, emitido en apelación, fueron pronunciados por los ahora demandados sin que medie una correcta interpretación de la norma, la jurisprudencia y la doctrina en base a los principios de ponderación de bienes constitucionales y proporcionalidad, carentes de una debida y motivada fundamentación y apartándose del principio de legalidad, al señalar que siendo que el delito de falsedad ideológica se consuma con la sola inserción de datos falsos, desde la fecha de comisión del delito (9 de agosto de 2000), habían transcurrido más de ocho años, por lo que la facultad punitiva del Estado habría prescrito, sin emitir criterio respecto a las consecuencias que derivan de dar fe al uso del documento falsificado; respecto a extinción por el transcurso máximo del tiempo de duración del proceso, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, sin efectuar una debida valoración sobre la dilación del proceso, manifestó que el plazo comienza a correr desde la última notificación con la imputación formal, diligencia que se realizó el 28 de octubre de 2003, por lo que hasta la fecha de emisión de la resolución transcurrieron cinco años, cuadro meses y seis días.