SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2141/2012

Nótese que de las intervenciones de los socios cooperativistas de la Asamblea se tiene que únicamente existe una moción, de la socia María Dora Huallpa Valencia, quien mociona en sentido de que si después de los cinco años el procesado vuelve a incurrir en esa falta, directamente está definitivamente ya expulsado; y luego la presidenta del Comité Disciplinario Nimia Gallardo, sin tomar en cuenta la moción que hizo hincapié en la reincidencia cuando expresamente señala “vuelve a incurrir”, somete a votación las dos posiciones la de ocho años y la de expulsión definitiva. De donde resulta que no fue observado el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada.

“El derecho a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la administración pública.

Así lo ha entendido la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSCC 0042/2004 y 0022/2006) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: a) Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas); b) Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas). Las sentencias nombradas fueron desarrolladas en la SCP 0140/2012, de 9 de mayo.

En ese orden de ideas, a conforme refirió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre: 'La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos'.