SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2264/2012

Asimismo, si la jurisdicción constitucional concede la tutela solicitada mediante la acción de amparo constitucional, disponiendo se emita una nueva resolución por parte de un miembro -demandado- del órgano colegiado -directorio- carecería de eficacia, liberando a los demás miembros y no tendrían obligación de hacerlo, al no haberse interpuesto la acción contra todos los responsables, en esa línea jurisprudencial la SC 0711/2005-R de 28 de junio, ha precisado que: “…es de inexcusable cumplimiento que esta acción tutelar esté dirigida contra todos los miembros que asumieron dichas decisiones y, por lo mismo, se constituyan en agraviantes de los supuestos actos lesivos denunciados; sin que el señalamiento del sujeto pasivo de la tutela resulte de la libre elección del actor, el que necesariamente debe estar determinado por los hechos que le sirven de causa a su acción, debiendo preguntarse, en cada caso, quienes son los que asumieron efectivamente la decisión lesiva a sus derechos, no siendo suficiente identificar sólo a los que firmaron dichos actos o resoluciones; cuyo fundamento jurídico se sustenta en el hecho de permitirle al juez constitucional verificar si los derechos afectados, lo son por todos los miembros de la entidad pública o particular a quienes se demanda, sobre los cuales, en caso de que la Resolución conceda el amparo, se establecerá la existencia o no de responsabilidad civil y penal (art. 102.II de la LTC), para cuyo efecto el recurrido de amparo debe ejercer el derecho a la defensa en forma irrestricta” (las negrillas son nuestras).