Fragmento 7
Por Resolución 11 de 14 de marzo de 2012, cursante de fs. 37 a 40, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, resolvió denegar la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: a) Los representados del accionante al haberse apersonado ante el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal e interpuesto una apelación de conformidad a lo establecido por los arts. 251, 413 y ss. del CPP, sin haber opuesto la excepción de incompetencia por razón de territorio, consintieron la competencia de la Jueza, razón por la que no se puede reclamar la incompetencia a través de la presente acción; y, b) Conforme la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, los accionantes al haber utilizado el recurso de apelación ante el tribunal ad quem, y recaído el caso ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, reconocieron la competencia de la Jueza Quinta de Instrucción en lo Penal, no pudiendo sustituir o remplazar ese recurso, por la acción de libertad prevista en el art. 125 de la CPE.
- acción de libertad,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados
- a
- 1)
- i)
- Fragmento 7
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6. El Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal (en suplencia legal) del Juzgado Décimo, mediante oficio 170/2012 de 29 de febrero, remitió ante el Juzgado Mixto de la ciudad de Montero, el expediente original relativo al antes aludido, por declinatoria de competencia,
- II.7.
- II.8.
- el objeto
- III.1. En cuanto a la competencia de jueces y tribunales en acciones de defensa
- III.2. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- III.3. En cuanto a las reglas de competencia territorial en el contexto procesal penal
- de acuerdo con lo previsto por la parte in fine del art. 49 del CPP que le corresponde resolver al juez, en caso de ser incompetente, la situación de la persona aprehendida luego de haber sido informado del inicio de una investigación, o sea que en conocimiento de una aprehensión puede optar por una medida cautelar, no obstante de la incompetencia que podría tener por razón de territorio, para después declinar y remitir la causa a Juez competente, manteniéndose la validez de sus actos de acuerdo con la previsión de la parte in fine del art. 49 del CPP
- las autoridades judiciales tienen el deber de resolver la situación jurídica de quienes se encuentran privados de libertad de manera inmediata, pues, de no hacerlo, éstos se encontrarían en incertidumbre y se atentaría contra el principio de celeridad en la administración de justicia
- II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía'
- Fragmento 22
- III.5.2. En cuanto al Director de la FELCC
- III.6. Análisis del caso concreto
- III.6.1.
- Fragmento 26
- podrá denunciarlo ante la Fiscalía o la Policía Nacional
- APROBAR