SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0286/2012
Fecha: 06-Jun-2012
III.6.3. Sobre la actuación de los Vocales de la Sala Penal Segunda
Si bien estas autoridades confirmaron la Resolución apelada 024/2012, considerando la inasistencia de las partes a una segunda audiencia señalada al efecto, sin embargo, no queda aislado el análisis de la suspensión del verificativo de la primera audiencia, pues, según refieren los propios Vocales demandados, “A la primera convocatoria, la audiencia fue suspendida en virtud a que la representante del Ministerio Publico no se encontraba presente” (sic), no siendo evidente el justificativo de la Fiscal en su informe; en ese contexto, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.5., cuando el representante del Ministerio Público es notificado con la apelación interpuesta y no asiste a la audiencia, no constituye justificativo para que la autoridad jurisdiccional suspenda la audiencia a objeto de considerar la apelación interpuesta, situación que implica lesionar el principio de celeridad; máxime, si conforme al principio de unidad, todo representante del Ministerio Público que haya sido notificado con un actuado procesal en materia penal, y no pueda comparecer, podrá ser suplido por otro que actuará indistintamente en los actos procesales que corresponda; situación que dio lugar al señalamiento de una segunda audiencia, en la que confirmaron la resolución del Juez a quo que ratifica las medidas cautelares impuestas, omitiendo la presencia del accionante, por lo que los Vocales no observaron, que con dicha actitud, restringieron -al ahora accionante-, su derecho a poder fundamentar su apelación, lesionando fundamentalmente el debido proceso, el derecho a la defensa e igualdad que rige en materia constitucional.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- “denegó”
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- El primero
- III.1.1.
- III.1.2.
- la obligación de presentarse periódicamente ante el juez, tribunal o autoridad que se designe
- III.3.1. Naturaleza jurídica y ámbito de protección de la acción de libertad y su carácter excepcionalmente subsidiario
- III.3.2. El juez cautelar como contralor de la investigación
- Remitido el aprehendido ante la Fiscalía por cualquiera de las dos causales referidas
- aprehensión que además debe estar respaldada a través de una resolución debidamente fundamentada y motivada que justifique las circunstancias de la aprehensión
- “Artículo 303º.- (Detención en sede policial).
- si estima la concurrencia de suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado
- III.4.1. El debido proceso vinculado al derecho a la libertad
- III.4.2. Principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad
- el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aún cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo
- la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas, que una vez formulado el recurso, las actuaciones pertinentes serán enviadas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas
- una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio
- gratuidad
- la autoridad jurisdiccional no puede paralizar la prosecución del proceso por esa circunstancia, por cuanto en los hechos implica dilación procesal indebida que atenta no sólo contra una de las partes afectada directamente, sino contra todo el sistema procesal diseñado en el nuevo texto constitucional
- III.5. En cuanto a la ausencia e inasistencia del Ministerio Público a audiencias programadas dentro el sistema jurisdiccional
- Fragmento 31
- III.6.1. De la actuación de la representante del Ministerio Público
- III.6.2. Respecto a la Jueza Cuarta de Instrucción en lo Penal
- estén directamente vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión.
- III.6.3. Sobre la actuación de los Vocales de la Sala Penal Segunda
- CONCEDER