SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0708/2012

Al respecto el Tribunal Constitucional sentó una amplia y reiterada jurisprudencia a través de sus sentencias constitucionales,  -teniendo- entre algunas de éstas a la SC 0268/2011-R de 29 de marzo, la cual refiere: “Estableciendo el art. 67 de la Ley Fundamental, que además de los derechos reconocidos en la Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana y la obligación del Estado de proveer una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley.

Por su parte, este Tribunal, en la misma Sentencia, expresó que este derecho se constituye en: '…la potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de su vida y salud física y mental; su seguridad económica, vivienda, descanso y la protección de su núcleo familiar; cobertura a contingencias inmediatas y mediatas; vale decir, las coberturas de salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales y accidentes de trabajo; rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes, y las demás asignaciones familiares'. A lo que se añade que al ser el derecho a la seguridad social, derivado del derecho a la vida y a la salud, se convierte en un instrumento estatal que materializa uno de los fines del Estado que es el acceso a la salud, protegiendo la vida del ser humano como derecho fundamental primigenio, logrando así el complemento al valor más preciado que es el 'vivir bien'. Por tanto, la seguridad social debe desplegar su ámbito de protección de acuerdo a los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su ejecución al Estado quien la sostiene, dirige y administra, por tanto, también es responsable de su cumplimiento; no obstante, la sociedad en general no puede estar exenta de la realidad, sino debe tener una conducta activa, solidaria y responsable, pues el art. 45.II de la CPE establece el control y participación social' (SC 1043/2010-R de 23 de agosto)”.

En este sentido se entiende que el derecho a la jubilación está garantizado para todas aquellas personas trabajadoras, asegurándoles los medios que le permitan vivir con dignidad, constituyéndose un derecho fundamental traducido en un instrumento de justicia social y de protección integral de las mismas, para que éstas cuenten con los ingresos indispensables en el entendido de que el referido derecho, constituye en un medio para que la persona beneficiaria pueda cubrir sus necesidades básicas, teniendo relación estrecha con el derecho a la vida, a la salud física y mental y la propia dignidad del ser humano.