SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1179/2012

La Constitución Política del Estado, establece el marco de protección a los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, en el art. 70 el Estado asume la obligación de velar y garantizar el cumplimiento de los derechos de este grupo vulnerable, puesto que el espíritu de esta norma es que el propio Estado tome acciones positivas que permitan la materialización de los derechos de dichas personas.

El Reglamento a la Ley de la Persona con Discapacidad, que determina las normas generales para la aplicación especifica de dicha Ley; y el DS 27477 sobre la inclusión laboral preferente de las personas con discapacidad, en entidades públicas, así como la protección a los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en primer y segundo grado.

Con relación al presente tema, éste Tribunal tiene establecido en su uniforme jurisprudencia que las personas con capacidades diferentes, gozan de protección especial, así la SC 0479/2010-R de 5 de julio, señaló: “…La Ley de la Persona con Discapacidad, establece los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad en el territorio del Estado, cuya reglamentación fue dispuesta mediante DS 27477, a tiempo de determinar los principios rectores que deberán regir en la aplicación de dicha norma legal; en su art. 3 inc. c) dispone la estabilidad laboral, al señalar que: '…las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas previo proceso interno, así también el art. 5 del citado Decreto Supremo, de manera expresa prevé que: «I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1º (primer grado) en línea directa y hasta el 2º (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente».

La norma desarrollada precedentemente, establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo contempla al trabajador discapacitado, sino que tal derecho también se extiende a los dependientes con discapacidad del trabajador, constituyendo los límites en el parágrafo II, que prescribe hasta un primer grado en línea directa, que serán los hijos y los padres, y hasta el segundo grado en línea colateral, que son los hermanos; tal norma tiene como fundamento que debe preverse de que la ruptura laboral que pudiera afectarles, por lo que dicho artículo también garantiza la inamovilidad funcionaria o laboral de quien tiene bajo su dependencia a una persona afectada por alguna discapacidad, teniendo como única excepción que el despido sea emergente de causales establecidas por ley, previo proceso que determine que el trabajador hubiera incurrido en ellas.