SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1215/2012

Los accionantes alegan que las autoridades demandadas lesionaron los derechos de sus representados a la libertad, a la “seguridad jurídica”, a la defensa, al debido proceso y el principio de legalidad, habida cuenta que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y asociación delictuosa en grado de complicidad y encubrimiento, el Juez cautelar dispuso su detención preventiva, asignando a los elementos de convicción aportados, un valor diferente al que poseen en sí, omitiendo una debida fundamentación; y pese a que dichos aspectos fueron observados en apelación, el Tribunal de alzada declaró improcedente el recurso planteado, pronunciando una resolución que no dio respuesta a todos los puntos impugnados, es decir, carente de congruencia y de una debida motivación, manteniendo la extrema medida de restricción de libertad. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Juez de garantías, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen persecución, aprehensión, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.