SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1509/2012

Asimismo, el extinto Tribunal Constitucional a través de la                    SC 0685/2003-R de 21 de mayo, señaló: “Los derechos fundamentales son derechos subjetivos por excelencia. Por derecho sujetivo se entiende cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones o interferencias) adscrita a una persona por una norma jurídica. De lo dicho se extrae que una de las notas caracterizadoras de todo derecho fundamental es el de ser un derecho subjetivo. Con esto quiere ponerse de relieve que el titular de un derecho fundamental no es la sociedad ni el Estado sino el individuo; por tanto, se trata de un derecho disponible. Conforme a esto, la persona que ha podido sufrir una vulneración a algún derecho fundamental, atendiendo a razones particulares, puede consentir de manera expresa la lesión o amenaza a esos derechos, o simplemente adoptar una posición pasiva, consistente en no acudir a la tutela jurisdiccional. En el primer caso, el legislador de manera específica ha tomado la decisión política de que tales supuestos son causales de improcedencia en el recurso de amparo (art. 96.2 LTC)…” (las negrillas nos corresponden).

En este mismo sentido, el Código Procesal Constitucional (CPCo), vigente a partir del 6 de agosto del presente año, según su Disposición Transitoria Primera; establece expresamente en su art. 53.2, que no procederá la acción de amparo constitucional: “Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado”; lo que quiere decir, que el legislador en la actual normativa procesal constitucional, asumiendo un criterio similar a la existente anteriormente, reconoció que “…al ser el consentimiento una expresión de la libre voluntad, no existe causa para dar curso a la tutela cuando se advierte este supuesto en los hechos denunciados, de modo que resulta lógico jurídicamente razonar negándose la tutela, en sentido de que el acto aún se considere lesivo, si ha sido admitido y consentido por el interesado en un primer momento, aún cuando después lo denuncie y pretenda la protección, pues este Tribunal no puede estar a disposición de la indeterminación de ninguna persona, dado que ello sería provocar una incertidumbre en los actos jurídicos, que conforme al ordenamiento jurídico sustantivo como procesal tienen sus efectos inmediatos, los mismos que no pueden estar sujetos a los caprichos y ambivalencias de ninguna de las partes intervinientes, por lógica consecuencia no pueden estas actitudes ser motivo de concesión de tutela alguna” (SCP 0198/2012 de 24 de mayo).