SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1529/2012

La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la CPE, se instituye por la Ley Fundamental, como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Es un “poder jurídico”, que tienen todos los ciudadanos para acudir a la vía constitucional cuando se vulnera un derecho constitucional; asimismo, se configura como una garantía, entendida como un medio jurisdiccional para la defensa de derechos previsto a favor de las personas para la defensa de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

La Norma Suprema enfatiza que esta acción tutelar puede presentarse por la persona: “…que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (art. 129.I de la CPE). Se constituye en un proceso constitucional extraordinario, de tramitación sumaria, aplicable a un caso determinado, donde existe un derecho o una garantía presuntamente vulnerado y una pretensión, que será resuelto por un tribunal de garantías y en revisión por este Tribunal Constitucional Plurinacional.