Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1237/2013-L
Fecha: 10-Oct-2013
II.14.
II.14. Por memorial de 3 de agosto de 2011, el Banco BISA S.A., pidió explicación y complementación del Auto de Vista 65/2011, acerca del motivo por el cual no se consideró la valoración emitida por la Bolsa Boliviana de Valores S.A. con las atribuciones conferidas en el art. 33 incs. d), g) y h) de la Ley 1834 conforme a la certificación que refirió que el valor nominal de cada acción era de Bs10.-, siendo que esa resolución judicial fue notificada a los demandados el 8 de agosto de 2007, y que al no haber sido impugnada adquirió la calidad de cosa juzgada (fs. 293 y vta.), lo que mereció el Auto 86/2011 de 5 de agosto, que resolvió no ha lugar a la solicitud de explicación y complementación (fs. 294).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- II.1.
- II.2.
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- II.10.
- II.11.
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- II.13.
- II.14.
- el art. 129.I de la Norma Suprema, resalta que: 'La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución
- III.2. De la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales
- En ese sentido, no es exigible la argumentación númerus clausus en las demandas de amparo constitucional, sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: 1) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; 2) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, 3) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales”
- III.3. Análisis del caso concreto