Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1237/2013-L
Fecha: 10-Oct-2013
II.4.
II.4. Decreto de 1 de agosto de 2007, emitido por el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial, que señaló: “Siendo que la Ley del Mercado de Valores No. 1834 es una Ley especial y de preferente aplicación, en cumplimento a lo determinado por su Art. 39 de la misma, donde se establece que el remate de valores con cotización en la bolsa de valores dispuestas por autoridad judicial o administrativa, deben efectuarse en la bolsa de valores donde se coticen, corresponde proceder a la subasta de las acciones embargadas sobre la base establecida en la certificación de fojas 711 o en la que se encuentre vigente al momento de la subasta…” (sic) (fs. 158).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- II.1.
- II.2.
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- II.8.
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- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- II.14.
- el art. 129.I de la Norma Suprema, resalta que: 'La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución
- III.2. De la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales
- En ese sentido, no es exigible la argumentación númerus clausus en las demandas de amparo constitucional, sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: 1) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; 2) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, 3) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales”
- III.3. Análisis del caso concreto