SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1754/2013

El abogado de los demandados, en audiencia señaló que: 1) Sus defendidos no son asentados sino poseedores; 2) El folio real 6.01.1.35.0000690, tiene varios asientos y según la jurisprudencia constitucional, el derecho a la propiedad como bien jurídico tutelado para ser considerado en el amparo constitucional no debe ser cuestionable; 3) Presentó certificación de 6 de noviembre de 2012, emitida por Derechos Reales (DD.RR.) a petición de Francisco Vilca Castrillo, en el que se acredita el derecho propietario de Andrés Higueras y Marcelina Estrada de Higueras con matrícula 6.01.1.35.0000690, asiento 1 de 8 de marzo de 1966, con una superficie de cero, lo que implica de una manera apócrifa que se ha obtenido la inserción de datos de superficie de 2061 m² con 46 cm, de acuerdo al art. 1562 del Código Civil (CC); 4) Menciona la escritura pública de 11 de febrero de 1965, en la que se acredita la adquisición de un derecho propietario mediante la compraventa a Carlos Wagner y Paola Tejerina, estableciendo en la cláusula cuarta que se divide la superficie en cuatro partes iguales, la primera, para Andrés Higuera y esposa, la que sigue para Teófilo Vilca, la siguiente para Francisco Cruz y esposa y la última, para Teófilo Vilca (padre de “Marcelina”, Dámaso, Francisco y Tomás Vilca Castrillo y abuelo de “Giovana” e Hilda Guerrero Vilca) y Andrés Vilca y esposa; 5) El folio real no es el documento para acreditar propiedad, ya que la accionante no presentó el título, sino más bien un certificado y que, para  cualquier acción debe presentarse el título de dominio o adquisición; 6) Presenta certificado de propiedad de Teófilo Vilca, sobre la vigencia de tales partidas indicando que el derecho de propiedad está controvertido; 7) No existe una certificación de la “Dirección de Ingresos”, que certifique el pago de impuestos a la propiedad de inmuebles; y, 8) Observa la falta de legalización de los recortes de periódico presentados por la parte accionante, por lo que correspondería se dicte resolución declarando improcedente la acción de amparo.