SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2047/2013
Fecha: 18-Nov-2013
a)
El abogado del accionante -interviniendo a través de mandato conferido mediante poder 201/2013, que fue aceptado por el Tribunal de garantías-, ratificó el tenor íntegro de su demanda y ampliando sus fundamentos, agregó: a) Dionicio Ibarra Mamani fue condenado a sufrir veinte años de reclusión en la cárcel de Kantumarca, motivo por el que se contactó telefónicamente con “nosotros” para contratarnos y así ejercer su defensa técnica. Consecuencia de ello, se interpuso el recurso de apelación que fue admitido y declarado improcedente; b) Posteriormente, con las debidas formalidades se formuló el recurso de casación, que fue declarado inadmisible por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, que invocó para su decisión los Autos Supremos “105 de fecha 02 de mayo de 2011”y “86 de 09 de marzo de 2011”, que de forma expresa prohibirían que el abogado defensor presente recurso de apelación o de casación sin la firma de su cliente o sin poder alguno. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que en el primer caso, la causa penal se tramitó con el anterior Código, que es contrario al tenor del art. 119.III de la CPE, y el segundo, no es análogo al caso de su defendido y representado, puesto que no existe ninguna prohibición para que un abogado formule dichos medios legales ordinarios mediante un “mandato especial”, conforme al art. 14.IV de la CPE, que consagra el principio de “permisibilidad”, puesto que nadie está obligado a hacer lo que la Constitución Política del Estado y las leyes no mandan; y, c) Es así que las autoridades demandadas no obraron conforme a derecho, pues lo mínimo que podían haber hecho siendo consecuentes con el razonamiento del Auto Supremo 449/212, era anular obrados hasta el momento en que se interpuso la apelación restringida, más no así, causar indefensión al procesado impidiéndole recurrir de casación. Por lo que, se activa la jurisdicción constitucional en busca de observancia del principio de impugnación y el Pacto de San José de Costa Rica.
En mérito al objeto y causa de la presente acción de tutela, con la finalidad de efectuar una coherente argumentación jurídico-constitucional, este fallo desarrollará las siguientes problemáticas: a) Principio de personalidad del agravio e impugnabilidad subjetiva para la presentación del recurso de casación en materia penal; y, b) La tutela del derecho al debido proceso a la luz del principio pro actione. En consecuencia y sobre la base de los aspectos antes señalados, se analizará si en el presente caso corresponde o no la concesión de la tutela solicitada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- I.2.4. Intervención del representante del Ministerio Público
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- el objeto
- implica que el gravamen generador del recurso debe afectar directamente al recurrente, quien necesariamente debe ser la parte perjudicada con la resolución en el proceso.
- Por lo que, podemos concluir que, entre los requisitos para la presentación de los recursos de impugnación, ya sea de apelación o casación, está el que la misma sea realizada por la persona directamente afectada en aplicación del principio de personalidad del agravio,
- la necesidad de que exista un interés en la impugnación, y la capacidad para impugnar la resolución por quien resulta afectado por la misma,
- se debe dejar claro que este requisito exigido, de presentación 'personal' del recurso de casación, puede flexibilizarse en resguardo del derecho a la defensa de las partes, abriéndose la posibilidad de ser presentado mediante un apoderado legal cuando, dadas las características particulares de cada caso, se produzcan situaciones que imposibiliten al recurrente a apersonarse en casación
- pues, de acuerdo a lo revisado en los antecedentes, se tiene que el mismo se encontraba en libertad, y por tanto, tenía la posibilidad de apersonarse ante la entonces Corte Superior de Justicia a objeto de presentar su respectivo recurso de casación,
- como sucede en el presente caso, siendo que, el ahora accionante fue sentenciado en Potosí pero la sentencia condenatoria dispone su privación de libertad o el cumplimiento de su condena en una ciudad distinta, en este caso, de Sucre en el penal de San Roque, y conforme establece el art. 417 del CPP, el recurso de casación debe presentarse ante la Sala que emitió el Auto de Vista, o sea, en la ciudad de Potosí, por lo que es razonable aplicar una excepcionalidad en el presente caso en el marco de la flexibilidad constitucional y la eficacia de los derechos fundamentales.
- Fragmento 22
- III.2. La tutela del derecho al debido proceso a la luz del principio pro actione
- de ambas garantías se deriva el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados»
- teniendo en cuenta que el principio pro actione, tiene como fin garantizar el acceso a los recursos legales desechando todo rigor o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento judicial de fondo sobre las pretensiones o agravios invocados, resulta innegable la directa vinculación de este principio con el derecho de acceso a la justicia, cuyo contenido mínimo esencial se traduce en el acceso propiamente dicho a la justicia para que toda persona pueda ser oída y juzgada previamente en un debido proceso; a un pronunciamiento judicial oportuno que ponga fin a un conflicto entre partes o tutele sus intereses o derechos
- habiéndose establecido que forma parte del debido proceso el derecho de las personas al acceso a una justicia pronta, oportuna e imparcial, en atención al principio pro actione, los formalismos procesales son susceptibles de ser flexibilizados por el juzgador a partir de la ponderación entre el incumplimiento de la formalidad y el derecho de acceso a la justicia, es decir que, el principio pro actione, compele al juzgador a no imprimir excesivo rigor en el cumplimiento de los requisitos adjetivos de la demanda en aras de emitir un pronunciamiento de fondo que efectivice el derecho a una resolución fundamentada que ponga fin a un conflicto litigioso, en lugar de declarar la improcedencia de la demanda o el rechazo de un recurso, que podría cercenar el acceso a la tutela judicial efectiva.
- es posible flexibilizar la exigencia del cumplimiento de requisitos meramente formales y que en su esencia son insustanciales a la hora de emitir un pronunciamiento, entendimiento que emerge de la interpretación sistemática y axiológica del art. 115 constitucional que, textualmente señala en su parte in fine que es labor del juzgador garantizar el ejercicio de los derechos e intereses legítimos de las personas 'sin que las exigencias formales impidan su protección oportuna y efectiva'
- 2°