SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0203/2013
Fecha: 27-Feb-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 29 de enero de 2009, Edgar Valerio Yampasi Espejo, Emilio Choque Ajuacho, Víctor Villca Choque y “otros”, presentaron acusación particular en su contra, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de confianza y apropiación indebida; radicando la causa en el Juzgado Cuarto de Sentencia Penal del departamento de Santa Cruz, cuyo titular, desestimó la querella a través de Auto de 25 de febrero del mismo año, aduciendo que su origen y la acción penal se fundaron en contratos de transferencia de bienes inmuebles -terrenos de propiedad y locales comerciales-, que atingían ser resueltos por la vía civil, careciendo por ende de tipicidad penal. No obstante lo manifestado, y que dicha acción resultó desfavorable a los acusadores prenombrados, el 5 de agosto de igual año, volvieron a formular denuncia y querella contra su persona ante el Ministerio Público, esta vez por los presuntos delitos de estafa y estelionato; proceso en curso en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal y a cuya causa se encuentra con imposición de detención preventiva en el pabellón de mujeres del penal de Palmasola desde el 15 de noviembre de 2011, estando a la fecha de interposición de la presente acción de defensa un año y ocho días detenida injusta e indebidamente por un hecho inherente al campo civil al ser meramente contractual.
Agrega que, en virtud de la Resolución final del anterior proceso penal dictada por el Juez Cuarto de Sentencia Penal, opuso excepciones de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de la etapa preparatoria, incompetencia en razón de la materia, cosa juzgada, prescripción del delito y extinción de la acción por desistimiento, cuya presentación data desde el 10 de agosto de 2010, siendo reiteradas en variadas oportunidades para su pronunciamiento, dado que se notificó debidamente al Ministerio Público, a la parte civil o querellante y a los imputados, constando incluso respuestas del Ministerio Público por memoriales de 31 de agosto de 2010, y 27 de noviembre de 2011; sin embargo, el Juez demandado se negó a resolverlas, en incumplimiento del art. 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en una evidente negación y retardación maliciosa de justicia, sin tomar en cuenta que desde las notificaciones al Ministerio Público y a la parte civil, transcurrieron ya dos años sin que exista una resolución al respecto. Circunstancias por las que se mantiene injustamente detenida en el penal de Palmasola por un delito que no cometió y que además emerge de una relación civil conforme dictaminó el Juez Cuarto de Sentencia Penal.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- concedió
- II. CONCLUSIONES
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 14
- procesada
- Fragmento 16
- Fragmento 17
- se denuncia es retardación de justicia mayor a un año
- Fragmento 19
- no es menos evidente que este Tribunal de una lectura y análisis del expediente, ha constatado que efectivamente el Juez demandado fijó audiencias con una demora considerable sin respetar plazos procesales; aspectos que no pueden ser dejados de lado y que merecen un pronunciamiento de parte de la jurisdicción constitucional, toda vez que lo que precisamente pretendía el accionante al plantear su acción, era que se respeten sus derechos fundamentales
- con mayor razón si lo que se demandaban eran actos de retardación de justicia, que no materializan los principios, valores, derechos y garantías consagrados en la Norma Suprema, y que a lo que propende en la actualidad el Estado Plurinacional de Bolivia, es a una descolonización de la justicia, a través de una nueva concepción de la misma, mediante prácticas que eliminen toda administración de justicia tardía, formalista y por ende, colonial, en desmedro de los derechos de las personas, que deben ser tutelados en caso de incurrirse en dicho actuar ilegal y no deseado en el orden jurídico
- a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material
- Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales
- en los casos en que este Tribunal advierta la amenaza de vulneración de derechos fundamentales, denunciada en forma previa a su materialización, tomando en cuenta las circunstancias de cada asunto en particular; en los que exista una manifiesta, irreversible y grosera transgresión de derechos, debe pronunciarse sobre los mismos, a fin de evitar la concreción en su restricción, en pro del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y de no dejar desprotegido al peticionario, quien acude a la justicia constitucional a fin de ver materializado el valor justicia consagrado por la Constitución Política del Estado y que la resolución que obtenga sea reflejo y concreción de los valores jurídicos fundamentales, logrando su efectividad a través de la prevalencia del derecho sustancial, a cuyo efecto será necesario que se otorgue la tutela respectiva y se emitan las órdenes de inmediato cumplimiento que sean necesarias para su resguardo efectivo.
- no siendo permisible admitir actos de retardación de justicia que lesionan derechos de los justiciables, por errónea interpretación de las demandas constitucionales
- únicamente por tratarse de una denuncia de retardación de justicia, que al involucrar una situación especial, en el marco del respeto de los derechos fundamentales de los justiciables, debe merecer un pronunciamiento excepcional efectivo en tutela de los mismos de parte de este Tribunal
- 3
- Fragmento 28
- Fragmento 29
- Principio de celeridad
- ama qhilla
- constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional
- el principio del “ama qhilla” -no seas flojo-
- planteada la excepción o el incidente, el juez o tribunal deberá correrla en traslado a las otras partes a objeto que en el plazo de tres días siguientes a su notificación, contesten y ofrezcan prueba
- la excepción es un medio o mecanismo de defensa para enervar los defectos procesales del proceso instaurado en contra del imputado, se debe entender que la excepción está sustentada en los principios de economía, estabilidad y regularidad procesal, destacando que las excepciones, deben tender a evitar las consecuencias que resultasen si se obligase al imputado a seguir el largo proceso que le ha de conducir a la solución que se pudo alcanzar desde el primer momento
- Fragmento 36
- la labor del juez sólo será acomodada a la Constitución Política del Estado, cuando cada uno de los actos jurisdiccionales sea ejecutado tomando en cuenta los principios que rigen la función de impartir justicia; a tal efecto, no es suficiente la simple enunciación de los principios constitucionales rectores de la jurisdicción, pues su aplicación debe ser verificable por medios de la racionalización y análisis del acto jurisdiccional;
- deberes ineludibles a los jueces como el cumplimiento estricto de los plazos procesales en el marco otorgado por las normas que regulan esos plazos
- Los plazos emergentes de las normas de los arts. 314 y 315 del CPP, como todo plazo perentorio, es el máximo otorgado al juez para ejercer su autoridad, por ello su respeto es la única opción constitucional y legal que sitúa al juzgador en el marco de la seguridad jurídica y legalidad exigible por el usuario del sistema de justicia ordinario y constitucional; dicho de otro modo, en caso de superar los plazos previstos en las normas descritas, la autoridad jurisdiccional habrá corrompido el proceso judicial con un execrable acto de dilación no consentido por el orden constitucional instituido
- La aplicación del principio de celeridad, también obliga a las autoridades jurisdiccionales a otorgar pronta respuesta a la tramitación de incidentes procesales,
- Fragmento 41
- III.5.Análisis en el caso concreto
- no puede justificarse bajo ningún parámetro que durante más de un año, no se le haya dado respuesta a la justiciable
- la execrable actitud de no cumplir los plazos procesales para resolver los incidentes accionados por las partes, en la práctica, es una usurpación de uno de los más valiosos bienes que la naturaleza pone al alcance del ser humano: el tiempo, para vivir, para autorealizarse, compartirlo con sus seres queridos; y en su caso, utilizarlo para defenderse judicialmente
- Fragmento 45
- III.6. En relación a la cancelación de costas, daños y perjuicios impetrados por la parte accionante
- 2º