SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0099/2013-L

Por mandato constitucional los procesos que se sustancian en la vía ordinaria reconocen un determinado sistema de impugnaciones, según sea la materia -civil, penal, familiar, etc.-, así lo prevé el art. 180.II de la CPE, al señalar: 'Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales'; en consecuencia, categóricamente se puede afirmar que nuestra legislación no admite ni reconoce disposición alguna que sea emitida por autoridad jurisdiccional, que no pueda ser objeto de impugnación a través de los recursos señalados por ley, por quien se considere agraviado, con la finalidad de someter la decisión a un nuevo examen ante la misma autoridad o por ante un juez o tribunal superior en grado.

'Los recursos se clasifican básicamente en ordinarios y extraordinarios; y el modo de distinguirlos está en buscar la mayor o menor medida de conocimiento que acuerdan a los tribunales competentes para conocer de ellos. En tanto que los primeros, se hallan previstos para casos corrientes y tienen por finalidad reparar cualquier irregularidad procesal (error in procedendo) o error de juicio (error in iudicando), los segundos se conceden con carácter excepcional, respecto de cuestiones específicamente determinadas por la ley'.