Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0121/2013-L
Fecha: 20-Mar-2013
III.2.2. Del derecho a la petición
Entre los Derechos Civiles que reconoce la Constitución Política del Estado se encuentra el derecho a la Petición, configurado como el derecho de obtener una respuesta formal y pronta de todo servidor sea público o privado, así como de las instancias administrativas o judiciales; frente a una solicitud individual o colectiva, oral o escrita, sin que se exija al peticionario otro requisito que su identificación.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió en parte
- b)
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- III.2.1. Del derecho al debido proceso
- sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales
- III.2.2. Del derecho a la petición
- La petición necesita ser contestada, argumentada, lo que implica ser atendida,
- III.2.3. De la presunción de inocencia y su configuración
- consagra el principio de presunción de inocencia
- 'Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley'
- III.3. De la debida motivación de las resoluciones en los procesos disciplinarios
- entre los cuales se encuentran los procesos disciplinarios, es exigible el respeto al derecho al debido proceso, y como consecuencia de ello, la exigencia del respeto de cada uno de sus presupuestos constitutivos o configurativos entre los cuales se encuentra la exigencia de que toda resolución que emane de este ámbito se encuentre debidamente fundamentada y motivada
- dentro de los procesos disciplinarios seguidos contra los profesionales abogados por vulneración de normas éticas en el ejercicio de su profesión, está regida a un proceso disciplinario que es conocido y resuelto en primera instancia por los tribunales de honor de los colegios departamentales de abogados
- las resoluciones emitidas por esa instancia son apelables ante el Tribunal Nacional de Honor
- función principal de procurar la conciliación entre las partes por infracciones éticas
- pasará la denuncia a su Comisión de Conciliación la que después de buscar conciliación entre partes determinará la procedencia o improcedencia de la denuncia. En el primer caso, dispondrá la remisión al Tribunal de Honor Departamental para la sustanciación del proceso, en el segundo, el archivo de obrados”
- la función del Vocal conciliador, quien se limita a buscar la reconciliación de los intereses de las partes, sin asumir competencia para el conocimiento y resolución de la denuncia interpuesta.
- la Resolución de la Comisión de Conciliación, se encuentra sujeta a la voluntad de las partes y al carácter vinculante del acuerdo arribado, a diferencia de los Tribunales de Honor que sujetan sus resoluciones a la constatación de la existencia de la infracción ética demandada
- III.5. Análisis del caso concreto