SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0414/2013

II.6.  El 11 de julio de 2012, Tania Villanueva Torrico interpuso recurso jerárquico, contra la Resolución de recurso de revocatoria 02.12, observando: i) El sumariante no tiene competencia por cuanto no fue designado en el plazo establecido en el DS. 23318-A; ii) No fundamenta respecto a las pruebas de cargo y de descargo, vulnerándose el debido proceso y el derecho a la defensa; iii) No fue notificada con la “Resolución 0070.12 de 12 de abril de 2012”, referida a la designación de la autoridad sumariantey la denuncia, restringiéndose de ésta manera el ejercicio de sus derechos constitucionales; iv) No se dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público, ya que Luis Hilarión Rada Castillo pretendió hacerle firmar y reconocer hechos y actos administrativos con fechas pasadas, constituyendo falsedad material e ideológica; v) No se demostró que su persona hubiese desobedecido órdenes o instrucciones superiores, siendo más bien presionada y coaccionada, llegando únicamente a representar los actos administrativos sin que éste hecho represente falta de respeto; vi) Así mismo no fue demostrada la manipulación de documentos cumpliendo funciones ad honorem, sustanciándose un proceso administrativo poco objetivo e ilegal, dentro del cual no se consideró el memorial de 11 de junio de 2012, en el cual se ofrecían sobreabundantemente todas las pruebas que desvirtuaban las acusaciones del Sumariante, ocurriendo en los hechos que las pruebas presentadas fueron utilizadas en su contra; vii) El proceso administrativo no señala nada en relación a Ronald Hurtado Evans, lo que demuestra que el mismo fue llevado con parcialización y de manera irregular; y, viii) Si la sanción del proceso es por haber incumplido órdenes superiores, dicho hecho ya tuvo sanción a través del memorándum 042/2012 de 3 de abril, lo que demuestra que en realidad existieron actos de represalia en su contra por haber denunciado los ilícitos ocurridos en el SENASIR, con el agravante que el propio Director de la citada entidad le anunció su despido antes de haberse agotado la fase administrativa de impugnación (fs. 155 a 159).