SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0380/2013-L

El representante del Ministerio Público refiere lo siguiente: i) Hay que precisar que la norma administrativa señala con claridad cuáles son los medios para impugnar las resoluciones administrativas, en ese marco, el accionante señaló la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales en la tramitación por esa vía, entre ellos el principio a la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y la vulneración a la vida y la salud, y que el accionante debería circunscribir su fundamentación en ese marco; y, ii) En cuanto a la vulneración del principio de seguridad jurídica en cuanto a su derecho de inamovilidad funcionaria y al no ser beneficiario directo, aunque el art. 5 del DS 29608, “señala que la inamovilidad es para las personas con discapacidad, y la segunda parte dice que beneficiará a los padres cuando sus hijos son menores de edad, caso que se cumple y acreditado por el Ministerio de Salud” (sic); sin embargo, esto no implica que pueda ser sometido a un proceso administrativo laboral, como se le siguió al ahora accionante en el que se ha interpuesto recurso jerárquico, es decir, se ha defendido con todos los recursos que la ley le otorga, con cuya Resolución fue notificado el 27 de enero de 2008, a la fecha, tomando en cuenta sólo este aspecto, el “recurso” de amparo constitucional estaría presentado fuera de lo establecido por el art. 129 de la CPE.