SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0652/2013

El accionante alega que las autoridades jurisdiccionales demandadas lesionaron sus derechos al debido proceso, a la propiedad privada, a la defensa y al juez natural, dado que dentro del proceso ejecutivo seguido en su contra, en fase de ejecución de sentencia, ante el apersonamiento de su representante legal, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial, se excusó de continuar tramitando el mismo por la causal contenida en el art. 3.5 de la LAPCAF; y ante su remisión a los Juzgados siguientes en número, los Jueces Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, a su turno se apartaron del caso, presentando su excusa por la misma causal. Así la causa arribó en el Juzgado Séptimo, instancia donde se realizaron una serie de actuaciones; y no obstante ello, con posterioridad, dicha autoridad amparada en ciertos Autos Supremos, devolvió la causa ante el Juez de origen, quien suscitó conflicto de competencias, resuelto por la Sala Plena del Tribunal Departamental, determinando la competencia a favor del Juez Segundo; autoridad que en cumplimiento del fallo, reasumió conocimiento del proceso, y cuando estaba a punto de remate el bien otorgado en garantía hipotecaria, el apoderado legal planteó incidente de nulidad ante el Juez de origen, reclamando su competencia y ante su rechazo, activó recurso de apelación, confirmado en su rechazo por los Vocales ahora demandados, provocando que la causa continuara su trámite y se remate su bien inmueble, por disposición de una autoridad que considera incompetente. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales de la accionante, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.