SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0701/2013

En el caso concreto, el accionante César Iván Véliz Valencia denuncia que en el proceso de asistencia familiar seguido por Virginia Mireya Alcócer Salazar en su contra, los Jueces de instancia y de apelación de la localidad de Quillacollo, no valoraron de manera correcta la prueba de cargo y de descargo aportada, incumpliendo lo dispuesto en el art. 21 del CF y en contravención de lo dispuesto en el art. 397. I y II del CPC, 1286 del CC y 28 del CF, por cuanto, no se valoró el documento del estado de cuenta individual en la AFP Futuro de Bolivia, donde se encuentra consignado cuál es el monto que en realidad percibe en su condición de profesor del magisterio, donde se advierte que su salario mensual no supera los Bs 800.- y que si bien trabaja en el sector privado del magisterio lo hace en forma interina y que recibió por única vez, la suma de Bs4453,84.-

En efecto, respecto al documento del estado de cuenta individual en la AFP Futuro de Bolivia del ahora accionante, la Juzgadora de alzada, primero aplicó la prueba tasada; es decir, asumió implícitamente que se trataba de un documento público emitido por dicha entidad privada que ejerce una función pública delegada en la administración de fondo de pensiones, otorgándole el valor que le otorga la ley; y luego, aplicando también la sana crítica, apreció ese medio probatorio conjuntamente con los otros aportados por ambas partes procesales en una evaluación integral.