SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0760/2013

Es en este sentido que la SCP 1033/2012 de 5 de septiembre, expresa que: “El derecho a la educación confiere a todo ser humano el acceso a un sistema educativo en todos los niveles avalando su formación como un alto fin del Estado. En conclusión, el derecho a la educación, requiere de los poderes públicos acciones reales que garanticen en todos los casos su efectivo disfrute. El derecho a la educación es un derecho in crecendo en su ejercicio, en tanto y en cuanto se adquiera una mayor formación en los distintos niveles del proceso de aprendizaje, mejorando el nivel de vida y siendo útil a la sociedad, fines éstos encaminados al 'Vivir Bien'” (el subrayado es nuestro).

Siguiendo esta línea de reflexión, la educación superior se constituye en el escalón más alto del proceso de formación, razón que explica también un mayor nivel de exigencia en el proceso de aprendizaje, y más si se considera que es a partir de ella que el Estado certifica a profesionales que ejercerán su profesión u oficio en la perspectiva de brindar a la sociedad un servicio idóneo y de excelencia.

En el marco del art. 13.I, se entiende que todos los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado operan en un marco de interdependencia recíproca, es decir, que todos ellos deben ser interpretados y aplicados considerando que la limitación o avance de unos puede afectar a otros en la misma o similar proporción;en esta línea de razonamiento, las exigencias establecidas en los centros educativos superiores de formación policial y que en determinados casos determinan condicionamientos al ejercicio del derecho a la educación (permanencia, por ejemplo), no llegan a constituirse en vulneraciones en tanto la función estatal de garantizar la seguridad y protección a las personas (art. 9.2 y 91.II de la CPE) requiere del personal idóneo, es decir, recursos humanos con alta calificación y competencia profesional.