SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0812/2013
Fecha: 11-Jun-2013
III.4. Con relación al procedimiento que debe ser observado por el Juez o Tribunal de garantías en las acciones de libertad
2. En caso que la persona privada de libertad se encuentre en una cárcel u otro lugar de detención, la Jueza, Juez o Tribunal ordenará también la notificación de la encargada o encargado de dicho centro, para que conduzca a la persona privada de libertad al lugar de la audiencia, en el día y hora señalados, disposición que será obedecida, sin observación ni excusa.
En el presente caso se evidencia que el accionante presentó la acción de libertad el 27 de diciembre de 2012, si bien la misma se admitió por Auto de la misma fecha de presentación, en el mismo se señala día y hora de audiencia pública para el 3 de enero de 2013, horas. 15:00, indicando que señalamiento, se realizó en virtud a que las autoridades demandadas se encuentran de vacaciones, motivo por cual no se podría dar con el paradero de los demandados. Dicho señalamiento llama la atención a este Tribunal, toda vez que la audiencia de acción de libertad, conforme artículo 40.1 del CPCo, debió ser señalado dentro las veinticuatro horas siguientes; no siendo motivo para el señalamiento oportuno el hecho de que las autoridades demandadas hubieran salido de vacaciones, ya que estas debieron ser notificadas de forma personal o por cédula en sus domicilios reales, además de no ser necesario, ni coherente que el Juez de garantías, condicione el señalamiento de audiencia, a que el propio accionante proporcione los datos con respecto de los domicilios de las autoridades demandadas.
El informe oral que realiza la secretaria del despacho de la Jueza de garantías en audiencia de acción de libertad, se tiene que por la premura del tiempo y falta de personal, el accionante no ha sido conducido al lugar de la audiencia; sin embargo, habiendo la Jueza de garantías en el Auto de 27 de diciembre de 2012, ordenado que “ofíciese a la penitenciaría del Penal de San Pedro” (sic), a efectos de que hagan comparecer al detenido preventivo, dicha disposición no fue cumplida, toda vez que no cursa la respectiva notificación en antecedentes, aspecto que ocasionó la inconcurrencia de Sixto Santos Mamani Quispe, a la referida audiencia.
- Fragmento 1
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- III.1.
- El informalismo
- derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebidamente o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro
- Fragmento 16
- III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad
- es la que señala que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R) y efectivizadas (SC 0862/2005-R) con la mayor celeridad.
- Cuando la celeridad esté vinculada con el derecho a la libertad, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de tramitar la solicitud sin dilaciones indebidas, aún cuando no hubiere un término establecido por la ley;
- III.3. Sobre el trámite de la recusación en materia penal y los plazos procesales a ser observados, a efectos de no causar o generar dilaciones indebidas
- (…) cuando se dé la posibilidad de haberse planteado una recusación que impida la existencia de quórum o se acepte la recusación de uno de sus miembros, el Tribunal se completará de acuerdo con las disposiciones orgánicas, por lo que, ocurridas estas circunstancias y en razón a que el rechazo debe formularse ante el mismo tribunal, correspondiéndole el conocimiento de la recusación al propio tribunal del que forman parte los recusados, lo que corresponde es conformar un tribunal a objeto de que considere la recusación de los jueces recusados, quienes formularon rechazo de la recusación presentada en su contra, ello estará en función del número de jueces recusados.
- Ello implica que planeada una recusación contra un juez de un tribunal de sentencia, si éste se allana a la recusación y al mismo tiempo existe falta de quórum en el mismo al que pertenece para resolver la recusación, el tribunal debe completarse, convocando al juez técnico recusado a uno o dos jueces técnicos del tribunal siguiente en número, a objeto de que éstos asuman competencia dentro del tribunal que quedó sin quórum y acepten o rechacen la recusación interpuesta, ello conforme establece la norma procesal la aceptación o rechazo de la recusación debe ser conocida por el mismo tribunal de sentencia donde se suscita la misma, y en la situación excepcional de que no exista quórum para resolver de oficio la recusación, es imperativa la convocatoria de los jueces necesarios de acuerdo a lo establecido en las disposiciones orgánicas, situación que inviabiliza la remisión directa del caso al tribunal de sentencia siguiente en número, por cuanto el referido no tendría competencia para resolver esa situación, ni siquiera en suplencia legal, pues- se reitera- la convocatoria y conocimiento de la recusación debe asumirse como parte del tribunal de sentencia donde se produjo la o las recusaciones
- el trámite y los plazos procesales que rigen los incidentes de recusación en materia procesal penal -regulados en la disposición prevista en el art. 320 del CPP, que fue interpretada por la jurisprudencia constitucional (SC 0054/2005 de 12 de septiembre) y que encuentra plena coherencia con el art. 68 de la Ley del Órgano Judicial- deben ser observados correctamente por las autoridades judiciales competentes que dirigen y resuelven estas solicitudes de recusación, debido a que se trata de un procedimiento sencillo y sumarísimo, de ahí que su inobservancia, a más de quebrantar esa naturaleza sumaria, cuando en esta etapa del proceso penal se presentan peticiones vinculadas a la libertad personal, como por ejemplo de cesación a la detención preventiva, ocasiona a su vez dilación en la tramitación, resolución y efectivización de las decisiones judiciales vinculadas a la libertad personal, debido a su relación causal
- III.4. De los efectos de la excusa y recusación y la competencia de los jueces que resuelven los trámites de recusación
- obedecen a los citados principios, pues en el desarrollo de la función jurisdiccional son los que rigen a los jueces, quienes están llamados a actuar siempre con probidad e imparcialidad frente a la parte acusadora como imputada, sin que sus actos o decisiones puedan estar comprometidos al interés de una de ellas, pues de ser así no sólo que dichos principios serían desconocidos sino que se lesionaría gravemente el valor de la justicia, cuya consecución es objetivo de las dos partes dentro del proceso penal; siendo por ello que, el legislador ha previsto que la decisión de excusarse de un juez tiene como consecuencia inmediata, el impedimento de seguir conociendo la causa; es decir, que le está prohibido a partir del momento de su excusa de realizar cualquier otro acto procesal. (…) El impedimento de realizar actos procesales, también es aplicable a los casos de recusación, pues el objetivo de la misma se centra igualmente en asegurar la probidad e imparcialidad del juez, de manera que simultánea a la presentación de la excusa, nace la prohibición de seguir actuando en el pro
- el juez o tribunal llamado a resolver una recusación, que es un incidente de puro derecho sometido a un trámite especial, al tener competencia únicamente para resolver la recusación en base a la prueba ofrecida en su interposición
- Fragmento 27
- i) Con relación a los Jueces Técnicos del Tribunal Segundo de Sentencia Penal
- ii) Con relación al Juez Técnico del Tribunal Tercero de Sentencia Penal
- III.4. Con relación al procedimiento que debe ser observado por el Juez o Tribunal de garantías en las acciones de libertad
- REVOCAR