SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1023/2013

Iniciaron una acción penal contra Boris “Gheyson” Gonzáles Zuna y otros, por el delito tipificado en el art. 270.4 del Código Penal (CP). Finalizada la etapa preparatoria, el 24 de enero de 2012, el Fiscal de Materia, Lindón Requena Johnson, pronunció requerimiento conclusivo de sobreseimiento a favor del imputado, cuya impugnación fue desestimada el 7 de febrero de ese año, con el argumento de extemporaneidad. Esta situación fue reclamada ante el entonces Fiscal de Distrito a.i., pero al no haber sido atendido, acudió ante el Juez cautelar, mediante el “mecanismo de defecto absoluto” (sic), obteniendo una Resolución del Juez cautelar intimando al ex Fiscal de Distrito a.i. a pronunciarse en derecho, porque la impugnación se hallaba dentro de plazo.

El pronunciamiento de la resolución jerárquica reclamó reiteradamente al Fiscal de Distrito a.i. de ese entonces, sin recibir ningún resultado, manifestando el actual Fiscal Departamental, que examinaría la impugnación para emitir un fallo. Extrañamente “apareció de pronto” una Resolución jerárquica, suscrita por el ex Fiscal de Distrito a.i. de 26 de octubre de 2012; es decir, de hace “más de dos meses” (sic), cuando en realidad “nunca existió”, y eso le consta al actual Fiscal Departamental, quien incluso le otorgó plena razón en su momento.

En el indicado fallo, en su desarrollo expositivo, se establece la existencia de suficientes elementos de juicio para acusar y pese a esas conclusiones que conducen a revocar la resolución de sobreseimiento, en el por tanto se dio un giro sorprendente y hasta “ilícito”, terminando por ratificar el requerimiento de sobreseimiento de 24 de enero de 2012, señalando que los elementos de prueba eran insuficientes para fundamentar la acusación pública.