SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1311/2013

         La SCP 1001/2012 de 5 de septiembre, recogiendo todos los entendimientos desarrollados por el extinto Tribunal Constitucional, respecto a la protección de debido proceso por vía de acción de libertad, determinó: “La Norma Suprema, en sus arts. 115.II y 117.I, reconoce al debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, siendo la finalidad de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional, proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del debido proceso. Cuando se denuncie su vulneración en cualquiera de sus componentes, corresponderá su impugnación a través de la acción de libertad, cuando esté directamente relacionada con la restricción de la libertad del accionante y se constate la existencia de absoluto estado de indefensión; caso contrario, la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (entendidas como violación al debido proceso), deberán ser reclamadas a través de los medios ordinarios que el ordenamiento jurídico procesal penal prevé, y agotada la jurisdicción ordinaria, en el supuesto de persistir la lesión, se activa la tutela de la acción de amparo constitucional”. (Las negrillas son nuestras).

         En consecuencia, para poder tutelar el debido proceso mediante la acción de libertad, debe existir un estado de indefensión absoluto, que se haya agotado en su caso las instancias o medios intraprocesales, bajo el principio de la subsidiariedad excepcional, y que el acto acusado de ilegal sea la causa directa de la persecución ilegal, procesamiento indebido o privación de libertad personal, caso contrario se debe activar la acción de amparo constitucional, tomando en cuenta su naturaleza subsidiaria.