SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1416/2013

El debido proceso, se encuentra plasmada y reconocida en el art. 115.II de la CPE, consagrado como garantía constitucional, señalando que: “El estado garantiza el debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” por su parte el art. 117.I de la Ley Fundamental, refiere que “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”; del mismo modo, el debido proceso, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos  (art. 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14), que conforme al art. 410.II de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad.

En ese sentido la jurisprudencia constitucional señaló que el debido proceso es: "…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos". (SC 0418/2000-R y 1276/2001-R, SC 1674/2003-R de 24 de noviembre SC 0902/2010-R de 10 de agosto, reiterado por la SCP 0593/2012 de 20 de julio.

Bajo ese contexto, tenemos que el debido proceso en su faceta adjetiva: '“…comprende cuatro elementos, el Juez natural, que a su vez tiene tres componentes, competencia, imparcialidad e independencia; la fase del juicio previo que nadie puede ser sancionado sino en la forma establecida por la ley, para ello deberá observarse el respeto del derecho a la defensa -técnica y material-, principio de contradicción, publicidad, presunción de inocencia y otros; la tercera fase es la relativa a la decisión, que contiene elementos específicos como la motivación, la congruencia y la sentencia justa; y, finalmente el derecho a la doble instancia'”, en ese sentido la SCP 0894/2012 de 22 de agosto reiterada por la SCP 0426/2013 de 3 de abril.

Concluyendo se debe remarcar que, como se aprecia de las citas de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, en el marco de las tendencias actuales del Derecho Constitucional, ha plasmado de manera expresa el reconocimiento del debido proceso; derecho-garantía respecto al que existe consenso en la doctrina y la jurisprudencia en cuanto al contenido e implicaciones referidos por la jurisprudencia glosada, la que por ello guarda estrecha congruencia con la carta fundamental vigente plenamente aplicable, resaltando su carácter de derecho fundamental lo hace exigible ante cualquier procedimiento, sea público o privado.