SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1485/2013

Ahora bien, cuando el principio de celeridad está vinculada con el derecho a la libertad, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de tramitar la solicitud sin dilaciones indebidas, aun cuando no hubiere un término establecido por la ley; en torno a ello la SCP 0071/2012 de 12 de abril, dejó establecido: “…la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad”, estableciendo además la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, citando las  SSCC 0758/2000-R, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras, respecto a los administradores de justicia y su relación con el principio de celeridad que el mismo: “…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente…” (las negrillas nos corresponden).