SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1519/2013

El art. 116.I de la CPE establece: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. En similares criterios refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su art. 11 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2, normativas que componen el bloque de constitucionalidad. De lo que se infiere, la presunción de inocencia, como componente de la garantía del debido proceso, también debe concebirse extensible a todo proceso, ya sea administrativo o judicial.

Al respecto la jurisprudencia constitucional precisó que: 'Este es un postulado básico de todo ordenamiento jurídico procesal, instituido generalmente como garantía constitucional en diversos países. El principio está dirigido a conservar el estado de inocencia de la persona durante todo el trámite procesal. La vigencia del principio determina que un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista una sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material. Esto implica que únicamente la sentencia condenatoria firme es el instrumento idóneo capaz de vencer el estado de presunción de inocencia del procesado. (…)” (SC 0012/2006-R de 4 de enero, a su vez reiterado por la SCP 0255/2012 de 29 de mayo).