SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0052/2014

         Por otro lado, en el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -que según el razonamiento de la SC 0110/2010-R de 10 de mayo, conforme el bloque de constitucionalidad-, en el caso Chocrón Chocrón vs Venezuela (sentencia de 1 de julio de 2011), reiterando la jurisprudencia establecida en los casos Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador (Sentencia de 21 de noviembre de 2007), Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, Yatama Vs. Nicaragua (Sentencia de 23 de junio de 2005) y Claude Reyes y otros Vs. Chile (Sentencia de 19 de septiembre de 2006), sostuvo que: “…la Corte reitera su jurisprudencia en el sentido que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Por tanto, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas fueron agregadas).

         Pues bien, la motivación de las decisiones judiciales constituye una garantía plena de la administración de justicia, cuyo objetivo principal es evitar la arbitrariedad y la discrecionalidad de quienes imparten justicia, pues se pretende demostrar que la decisión es razonada en términos jurídicos y no un simple acto arbitrario enmarcada únicamente en la voluntad de la autoridad que la produjo; por lo tanto, su observancia tiene carácter obligatorio para toda la administración de justicia y su incumplimiento conlleva a la nulidad de los actos procesales, por ser -la motivación- de orden público y por vulnerar la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad.