SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0604/2014

Con relación al mismo tema, la doctrina constitucional desarrollada a partir de la SC 0760/2003-R de 4 de junio, señaló que: ‘La imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa’ (las negrillas son agregadas).

Entonces, si bien la imputación debe sustentarse en suficientes indicios del hecho y la participación del imputado en el mismo; empero, conforme establece la parte final del inc. 3) del art. 302 del CPP, la calificación de los hechos efectuada en la imputación formal, tiene carácter meramente provisional; lo cual implica que, dicha determinación está sujeta a mutaciones en función a los resultados de la investigación realizada en el desarrollo de la etapa preparatoria, pudiendo modificarse o variarse en cualquier momento de la etapa investigativa o a la conclusión del mismo.

Por consiguiente -como se dijo anteriormente-, la imputación formal es el acto procesal ejecutado por el representante del Ministerio Público, por el cual se califican los hechos de manera provisional, infiriéndose de ello que este acto procesal no implica la imposición de la pena contenida en el tipo penal calificado provisionalmente, dado que, este último se producirá cuando el juez o tribunal, como consecuencia de la acusación, imponga la sanción a través de la respectiva sentencia; así, la imputación formal, estará supeditada a la consecuencia o al resultado mismo de la investigación efectuada durante la vigencia de la etapa preparatoria”.

La parte accionante denuncia que la imputación formal planteada en su contra y de la Vocal Heidy Haydee Calderón Pérez, carece de fundamentos y excede el marco de discrecionalidad del Ministerio Público en mérito a que no se sustenta en hechos concretos, sino en figuras abstractas por lo que incumple la exigencia de demostrar los indicios suficientes sobre la existencia del hecho y los grados de participación criminal, lesionándose de esa manera su derecho a la defensa y a la igualdad de oportunidades; en el caso concreto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional claramente establece que los alcances y la naturaleza de la imputación formal es una atribución privativa del órgano de persecución penal, y en todo caso para entrar a revisar el fondo de lo solicitado se tendrían que haber incumplido los requisitos establecidos por el propio Código de Procedimiento Penal, por lo que del análisis de los fundamentos en el presente caso se tiene que en líneas generales cumple con los presupuestos legales exigidos en el art. 302 del CPP.