SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1147/2015-S2

           La acción de cumplimiento ha sido diseñada como un proceso constitucional, en razón a su configuración constitucional y no solo a través de una ley; tiene existencia autónoma y está destinada a resolver controversias en materia constitucional. En este contexto el constituyente mediante esta nueva acción de defensa busca dar eficacia al ordenamiento jurídico, a través de la exigencia a las autoridades y a los particulares que desempeñen funciones públicas, de ejecutar materialmente las normas contenidas en las disposiciones constitucionales y en las leyes, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. En ese sentido el art. 134.I de la CPE, estipula lo siguiente: “La acción de cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida”. En concordancia con dicha previsión constitucional, el art. 64 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tiene por objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal, cuando es omitida por parte de servidoras o servidores públicos u órganos del estado.