El suscrito Magistrado pronuncia el presente Voto Disidente a la DCP 0213/2015 de 16 de diciembre, en virtud a lo dispuesto por el art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), en relación a los siguientes artículos: 1

         Con estos antecedentes, es necesario inferir que la distribución competencial mencionada, tiene que ver con la atención de las necesidades de la población de manera más inmediata, a través de la ejecución de políticas en las diferentes materias competenciales, que debe significar a su vez garantizar una vida más digna para toda la población del Municipio, por lo que, todas ellas deberán ser asumidas obligatoriamente por los niveles de gobierno del Estado, considerando que devienen de un mandato constitucional.

         En este entendido, las ETA no pueden invadir las competencias que les fueron asignadas constitucionalmente y tampoco limitarlas cuando se trata de la ejecución y reglamentación sobre las competencias concurrentes, que si bien es el nivel central el que deberá establecer el régimen general sobre ellos, esto no significa que el gobierno autónomo municipal no ejecute el mismo de acuerdo a dicho régimen, a través de políticas municipales concretas. Es así, que el estatuyente en la carta orgánica municipal de su municipio desarrollará toda la asignación competencial establecida en la Constitución Política del Estado, para el ejercicio de las mismas, así también la forma de organización de sus instituciones, de sus autoridades de gobierno y los lineamientos sobre los cuales se establecerá toda su estructura institucional y política de la ETA, que dará funcionamiento a la autonomía, por ello aquella se constituye en su norma institucional básica; y en el caso de que no cuenten con la misma, de igual forma se la ejercita a través de leyes.