SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1227/2015-S3

II.2.  Por memorial presentado el 6 de abril de 2015, ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, la ahora accionante solicitó se oficie al IDIF para que dicha entidad designe un médico forense que avale los certificados presentados por su persona como prueba de la petición de modificación de la medida de detención domiciliaria, y además revise su estado de salud y emita nuevo certificado médico forense. Dicho escrito mereció la providencia de 7 de abril de 2015, por la cual dicho Tribunal, a través del Juez Técnico Walter Juan Fernández Cuentas -hoy demandado-, decidió que: “Siendo que las actuaciones del suscrito Juez se maneja en base a los principios señalados en los artículos 178 y 180 de la Constitución Política del Estado y Art. 3 y 30 de la Ley del Órgano Judicial, No ha lugar, en razón de que le está prohibido producir pruebas de oficio, conforme dispone el Art. 342 del Código de Procedimiento Penal, por lo que acúdase directamente al Director Funcional de las Investigaciones” (sic) (fs. 4 y vta.).