SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1394/2015-S2

II.9.    Por SCP 0846/2015-S1 de 14 de septiembre, la Sala Primera Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, confirmó la Resolución 3 de 20 de febrero de 2015, descrita en la Conclusión anterior, emitida por el entonces Juez de garantías, que conoció la acción de amparo constitucional presentada por la ahora accionante, el 19 de febrero de 2015, con iguales fundamentos a los vertidos en la presente, signada en el sistema de gestión procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, con el número de expediente 10208-2015-21-AAC; fallo que denegó la tutela solicitada por la hoy también accionante, concluyendo la existencia de cosa juzgada constitucional y la imposibilidad de cuestionar lo decidido en una acción tutelar, a través de la interposición de otra, expresando en lo principal: “…la pretensión infundada de la accionante, de ordenar: La legalidad y validez jurídica de la Resolución Municipal 104/2014 (cuya nulidad era de su conocimiento al haber sido parte en la acción tutelar que la resolvió) y la nulidad de la Resolución Municipal 148/2014, es inviable pues según se ha evidenciado, pues sobre dichas resoluciones existe ya un pronunciamiento por parte de éste Tribunal; por lo que conforme al Fundamento Jurídico III.2, se tiene que, en razón a la naturaleza y alcance de la SCP 0761/2015-S1, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya no podrá pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces sobre lo ya decidido y resuelto, ni revisar la determinación adoptada en una sentencia con valor de cosa juzgada constitucional, pues de lo contrario se lesionaría el principio de seguridad jurídica, por el riesgo de emitir fallos contradictorios, generando caos jurídico e incertidumbre en la labor del supremo intérprete y guardián de la Norma Suprema.

Consecuentemente, conforme a lo desarrollado y desglosado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, al emerger la RM 002/2015, (acusada también de lesiva), de la SCP 0761/2015-S1 que concedió la tutela disponiendo la elección de alcalde o alcaldesa; se establece que la accionante pretende activar la vía constitucional, cuestionando una resolución que emergió del fallo del Tribunal de garantías, lo cual no es viable; toda vez que, no es posible a través de otro amparo, impugnar o cuestionar decisiones de autoridades o personas particulares emergentes de resoluciones de acciones de defensa, pues ello equivaldría a impugnar a través de otra acción la ejecución del anterior fallo constitucional, que además, al presente adquirió calidad de cosa juzgada, consiguientemente en razón a todo lo expuesto, debe denegarse la tutela” (negrillas agregadas).

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos “políticos y de ciudadanía”, a ejercer una función pública, al debido proceso y al trabajo, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, alegando que no obstante de haber sido designada en el cargo de Alcaldesa Municipal a.i. de Porongo, mediante Resolución Municipal 104/2014 de 29 de diciembre, en virtud a la renuncia del entonces Alcalde, Julio César Carrillo Melgar; un Concejo “paralelo”, designó en el mismo cargo, a Raquel Molina Justiniano, a través de la Resolución Municipal “148/2014 de 30 de diciembre”, “por encima de su legal designación”, no habiéndose cumplido los requisitos y formalidades legales al efecto, al no haber sido siquiera convocada a la sesión mencionada. Decisión confirmada por el fallo Municipal 002/2015, que nuevamente designó a la codemandada referida en el cargo anotado, en desmedro de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, acusa la comisión de medidas de hecho, que hubieran dado lugar al despojo de su cargo de Alcaldesa a.i., encontrándose a la fecha de interposición de la acción constitucional, impedida de ingresar al edificio municipal y de usar el equipamiento necesario e imprescindible para ejecutar su trabajo y función en el cargo interino para el que habría sido nombrada.