SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0165/2015-S3

           Por su parte el Reglamento de la Ley General para Personas con Discapacidad (Decreto Supremo [DS] 1893 de 12 de febrero de 2014), en su art. 17 determina: “I. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, debe generar el lineamiento de políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad en los planes, programas y proyectos orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad, y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad; II. Los planes, programas y proyectos de inclusión laboral para personas con discapacidad, y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad elaborados por las instituciones del nivel central, deberán incorporar los lineamientos de políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad, generados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social”; en relación a la inamovilidad laboral el art. 22, indica que: “I. Para garantizar la inamovilidad laboral de personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad del sector privado, se procederá conforme a normativa en vigencia; II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, elaborará y aprobará un procedimiento específico para la reincorporación de servidoras y servidores públicos con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, ante un despido injustificado”, por su parte la Ley 223 de 2 de marzo de 2012 -Ley General para Personas con Discapacidad-, en su art. 34.II, sobre la estabilidad laboral refiere que: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido” (las negrillas son nuestras); así también, es necesario referir que este grupo social no sólo tiene derechos de los cuales gozan, pues también existen deberes que deben observar, conforme lo establecido por el art. 22 de la citada Ley, encontrándose entre estos deberes el que refiere el inc. m) “A su registro, calificación y carnetización”.