SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0172/2015-S1

              En un Estado democrático de derecho, el debido proceso es el límite del ejercicio del poder sancionador del Estado, ya que su vigencia le facilita a cualquier persona acceder a cierta gama de garantías mínimas que le permitan obtener un resultado justo y equitativo dentro de cada proceso; asimismo, permite al justiciable a ser oído y hacer valer sus pretensiones frente a las autoridades judiciales y administrativas; por consiguiente, el debido proceso es la máxima expresión de las garantías reconocidas en favor de la persona.

              La Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza el debido proceso en los arts. 115. II y 117 de la CPE, en efecto, la condición de validez de los procesos judiciales y administrativos se trasunta al respeto del debido proceso comprendido desde sus diferentes dimensiones; es decir, como derecho fundamental de la persona, principio procesal de la jurisdicción ordinaria y garantía del justiciable; consiguientemente, las autoridades investidas de jurisdicción, en el ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la ley, tienen el deber indeclinable de garantizar la integridad y prevalencia del debido proceso, por constituir una condición de validez de sus actos.

              A partir del estudio de los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), es viable identificar los elementos configuradores del debido proceso, en efecto, el principio de congruencia constituye un elemento constitutivo del mismo.