SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0301/2015-S2

         Por otro lado ha sido la jurisprudencia constitucional la que ha establecido los elementos que componen este debido proceso, en la cual se realiza una lista no limitativa sino más bien progresiva, así entonces la SCP 0137/2014-S2 de 17 de noviembre, señaló estos componentes, entre ellas: “…derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia (…); derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (…); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de éste como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: 'En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia”.

Estando así mencionado el debido proceso, pasaremos a referirnos a uno de estos elementos configuradores como es el deber de todas las autoridades tanto judiciales como administrativas, cuando tengan que emitir fallos de fundamentarlos, motivándolos acorde a los criterios de interpretación que más convenga, otorgando con ello certeza de que nos encontramos ante un fallo acorde a la garantía del debido proceso, conforme a ello la SCP 0067/2015-S2 de 3 de febrero, entre otras reiterando el entendimiento de la SCP 0450/2012 de 239 de junio,  refiriéndose a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso, estableció que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.