SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0163/2015-S3

Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado, mediante memorial presentado el 9 de enero de 2015, cursante de fs. 130 a 134 vta., concluyó en base a una amplia cita normativa, que: 1) El Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal pública, pronuncia requerimientos y resoluciones durante las etapas preliminar y preparatoria, mismos que de ser necesaria la citación o notificación a través de la publicación de edictos en medios de prensa escritos a nivel nacional, corresponde a esa institución cubrir los gastos de las referidas publicaciones; 2) El Órgano Judicial, por medio de la Dirección General Administrativa y Financiera, deberá cubrir las publicaciones por edictos para la notificación o citación con las resoluciones emitidas por autoridades jurisdiccionales cuando así lo requiera, según establecen los arts. 105.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), 301 y 314 del CPP, modificados por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización de la Justicia Penal; asimismo, la declaratoria de rebeldía debe ser notificada por esta instancia puesto que es una resolución judicial y no fiscal; lo mismo sucede con las sentencias y demás resoluciones judiciales al ser emitidas por los jueces y tribunales; 3) No existe una regla o norma general que obligue al Ministerio Público cubrir el gasto de publicación de todos los edictos, sino aquellos que conforme a norma determinada le corresponda; al respecto, resulta claro lo determinado en el art. 58 de la LOMP; y, 4) La ley creó dentro del Órgano Judicial, una estructura específica, la cual es la encargada de realizar las notificaciones; en este caso, las centrales de notificaciones y los oficiales de diligencias, que conforme a la norma orgánica deben realizar todas las diligencias que ordenen los jueces y tribunales, lo que incluye la publicación de edictos.