SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0226/2015-S3

II.5.  El Juez demandado emitió el Auto de 27 de junio de 2014, por el cual resuelve mantener incólume el decreto de 24 de junio de 2014, con los siguientes fundamentos: i) El plazo prudencial para señalar audiencia no está establecido en el procedimiento penal, al igual que la presentación de pruebas, disposiciones que fueron plasmadas en sentencias constitucionales, así la SC 1625/2003-R de 14 de noviembre, que establece que incluso la prueba debía acompañar a la solicitud; sin embargo, este criterio fue modificado por una amplia cantidad de sentencias constitucionales en las que se determinó que no era necesario acompañar las pruebas a la solicitud; empero, ésta debe ser ofrecida; y, ii) Más allá de la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias constitucionales prescrito por el art. 203 de la CPE, ese criterio (de la SC 1625/2003-R) es compartido por el suscrito juzgador, ya que los derechos fundamentales y garantías constitucionales no merecían jerarquía ni superioridad alguna, y el debido proceso es una garantía constitucional prevista por el art. 115.II de la CPE; en tal sentido, la igualdad de partes previsto en el art. 12 del CPP, es parte del debido proceso cuando se refiere a las mismas oportunidades dentro del proceso, previsto en el art. 119.I de la CPE; es decir, la solicitud de cesación se debe ofrecer la prueba pertinente (fs. 65 y vta.).