SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0752/2015-S1

         En este sentido la SCP 1076/2013 de 16 de julio, que mencionó a la SCP 0567/2012 de 20 de julio,, determinó que: “Como ya se ha definido en otras Sentencias Constitucionales, el doctrinario Ticona Póstigo, ha señalado que: `El debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido proceso (así como el derecho de acción, de contradicción) es un derecho humano fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, pues, él «Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo»´. A criterio del tratadista Saenz, 'el Debido Proceso en su dimensión adjetiva, se refiere a toda aquella estructura de principios y derechos que corresponden a las partes durante la secuela de todo tipo de proceso, sea este jurisdiccional, sea administrativo, o sea corporativo particular´" (las negrillas nos pertenecen).

         Así, el derecho al debido proceso impone a los administradores de justicia ya sea en el área judicial o administrativa el deber de observar su cumplimiento como un derecho humano por personas naturales o jurídicas y en especial por el Estado a través de sus diferentes órganos, en virtud al carácter normativo constitucional que lo protege a través de los diferentes elementos que hacer parte del debido proceso.