SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0754/2015-S2

Sucre, 8 de Julio de 2015

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de amparo constitucional

Expediente: 09809-2015-20-AAC

Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 11/2015 de 8 de enero, cursante de fs. 365 a 370, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Antonio Enríquez Cuiza y Julio Ariel Coronado López en representación legal de Mario Alfredo Mercado Rocabado por sí y en representación de su esposa Elisa Egüez de Mercado contra Rita Susana Nava Durán y Rómulo Calle Mamani, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de octubre de 2014, cursante de fs. 113 a 127 vta.; y, el de subsanación de 16 del mismo mes y año, de fs. 235 y vta., el accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En virtud al Auto Supremo (AS) 120/2014 de 7 de abril, los Magistrados demandados, casaron el Auto de Vista con dos votos y no tres, por lo cual aludió su nulidad de pleno derecho, conforme al art. 278 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por falta de quórum.

En relación a sus antecedentes, anotó que ordinarizó lo resuelto en proceso ejecutivo y demandó la nulidad de la subrogación efectuada por el deudor, ante la existencia anterior de una obligación alternativa e inexistencia de deuda; la falta de requisitos especiales señalados en el art. 325 del Código Civil (CC); y, merced a las excepciones opuestas de inhabilidad y falsedad del título ejecutivo, personería; falta de legitimación sustancial y procesal de los ejecutantes, que debían debatirse en la vía ordinaria.

Al efecto, el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de Cochabamba, dictó Sentencia de 18 de enero de 2012 y declaró improbada la demanda y probadas las excepciones de falta de legitimación y/o falta de acción y derecho; que apeló y fue resuelta por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante Auto de Vista de 9 de julio de 2013, que revocó la Sentencia apelada declarando probada la demanda y la nulidad de las escrituras objeto de la demanda; vigente la obligación alternativa y nulidad de embargo, remate, adjudicación y la venta judicial, ante lo cual, los demandados -hoy terceros interesados- recurrieron en recurso de casación que dirimió la Sala Civil mediante el Auto Supremo 120/2014 de 7 de abril, que casó el Auto de Vista Impugnado y dispuso mantener la Sentencia de Primera Instancia, fallo que acusa de haber sido dictado ultrapetita y extrapetita, fuera de lo solicitado y concediendo más de lo pedido, porque debió analizar únicamente las normas identificadas como inobservadas por el Tribunal de apelación, tales como los arts. 956, 1289.I y 1290 del CC y 490 y 236 del CPC fueron o no transgredidos y no analizar de oficio los arts. 586 del CPC y 154, 450, 549, 554.I y 805 del CC, que no fueron sometidos a control casacional, con lo cual se privó su defensa y la aplicación de la mismas, acusando además un pronunciamiento infrapetita que no reparó que la causa no se reduce a una simple ordinarizacion del proceso ejecutivo, sino que es producto de un verdadero proceso ordinario de fraude procesal, por nulidad del título ejecutivo y de otros documentos que no fueron valorados, vulnerando su derecho al debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación, e incurrieron además en lo que la doctrina constitucional denominada arbitrariedad por falta de motivación, aspecto que también incumbe al debido proceso.

En consecuencia, se interpretó irrazonablemente sobre el compromiso de venta como la única relación válidamente formada; puesto que las tres personas no tenían suficiente poder para convertir el anticipo de precio en una subrogación hecha por el deudor, con lo cual el Auto Supremo se sumó a la confusión derivada de la Sentencia de primera instancia; que el acta del Comité de Vivienda carece de valor jurídico en contraposición al poder de representación 258/96, concluyendo que la subrogación de la Escritura Pública 222/98 no cumplió ningún requisito particular de validez.

Sobre las lesiones del derecho al debido proceso y de acceso a la justicia, denuncio que el Auto Supremo se apartó de la ley y de lo alegado y probado, conforme al art. 8.II de la CPE y la SCP 2221/2012.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncian la vulneración de su derecho de acceso a la justicia, al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación, a la defensa y al principio de “seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 8.II, 24, 115.II, 117, 119, 178.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela constitucional, disponiendo: a) La restitución de los derechos suprimidos; b) En sujeción al art. 57 del Código Procesal Constitucional (CPCo) se declare nulo el Auto Supremo 120/2014 de 7 de abril, en la forma y en el fondo, instruyendo dictar uno nuevo; y, c) Se aplique la sentencia constitucional señalada, merced a sus efectos son vinculantes y obligatorios por mandato del art. 15 del CPCo.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de enero de 2015, según el acta cursante de fs. 359 a 364 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados, en audiencia, ratificó in extenso el tenor de su demanda.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas.

Las autoridades demandadas: Rita Susana Nava Duran y Rómulo Calle Mamani, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, presentaron informe escrito el 5 de noviembre de 2014, cursante de fs. 240 a 242 vta., y expresaron que: 1) Respecto a la falta del número de votos para la emisión del Auto Supremo 120/2014, el art. 41 de la Ley 025 del Órgano Judicial, señala que las Resoluciones que adopte la Sala Especializada, serán por mayoría absoluta de votos y aplicando ésta exigencia los dos Magistrados que la componen la firmaron; 2) En relación a que la Sala Civil modificó el art. 568 del CC, al referir la “resolución de contratos por acuerdo de partes” (sic), simplemente refrendaron que en uso de la autonomía de voluntad y libertad previsto por el art. 454 del CC, éstas pueden libremente, constituir, modificar, extinguir o dejar sin efecto los contratos que celebren, sin necesidad de recurrir a la vía judicial; e inclusive el art. 569.II del CC, que establece que pueden convenir expresamente que el contrato quedará resuelto si una determinada obligación no se cumple en la forma acordada, lo cual ocurrió efectivamente de pleno derecho sin necesidad de intervención judicial; y de no establecer tal cláusula, nada impide a las partes contratantes -resolver- el contrato de manera extrajudicial si uno de ellos incumple la prestación debida; sin infringir norma alguna como reiterativamente sostienen los accionantes, quienes sostienen que la autonomía de voluntad estaría restringida, más aun cuando el Estado actual busca la auto composición de los conflictos y su des judicialización; 3) En el caso de la Litis, ante el incumplimiento de los hoy accionantes, en su calidad de vendedores de terrenos destinados a viviendas de interés social en favor de un grupo numeroso de personas, ambas partes de común acuerdo, utilizando el término “resolución”, dejaron sin efecto dos contratos incumplidos y celebraron otro nuevo inserto en la Escritura Pública 222/98 de Resolución de Contratos, Subrogación de deuda y Reconocimiento de Obligación con garantía hipotecaria, considerado válido en cuanto a su celebración; sin embargo el Ad quem, dispuso nuevamente su resolución, aspecto enmendado por el AS 120/2014; 4) Se impuso el criterio totalmente errado por el que los contratos única y exclusivamente debían ser resueltos en la vía judicial y previa declaración judicial, lo cual implicaría que tampoco podrían realizar ninguna transacción o conciliación durante el proceso, desconociendo el principio dispositivo que rige en materia procesal; 5) Sobre el fallo infra y extra petita, señalan que emitieron el fallo en función a los agravios expuestos en el recurso de casación en el fondo interpuesto por los demandados, integrando en su razonamiento el análisis de normas legales sin contradecir el principio de congruencia; 6) De haber mantenido sin modificación el Auto de Vista 102/2013, cometerían una injusticia contra numerosas personas, frustradas en su propósito de adquirir terrenos para la construcción de sus viviendas quienes invirtieron sumas de dinero que cobraron los vendedores, que a su vez ante su incumplimiento tenían la obligación de devolver; 7) Respecto al atentado de la cosa juzgada y de lo resuelto en el proceso ejecutivo; es clara la posición de los accionantes en sentido de lograr la modificación de dicho proceso; 8) Sobre la falta de fundamentación del AS 120/2014, no es evidente y tampoco existe violación del derecho a la defensa, ni al debido proceso y mucho menos al acceso a la justicia, toda vez que hicieron uso de su derecho de acusadores de manera amplia sin ninguna restricción, dentro del marco de la Ley; 9) Sobre la subrogación y el poder objetado, el art. 325.I del CC, dispone que: “El deudor que toma en préstamo una suma de dinero u otra cosa fungible para pagar su deuda, puede subrogar al prestador en los derechos y garantías del acreedor, aun sin el consentimiento de éste”, lo cual no sucedió porque estos no subrogaron a su prestador derechos y garantías de su acreedor, siendo impertinente tal denuncia; y, 10) En cuanto a la falta de poder y mandato expreso, los únicos legitimados para reclamar falta de representación serían las personas en cuyo nombre y representación se contrató, por lo que lo denunciado carece de relevancia constitucional; solicitan por ello denegar la tutela impetrada y mantener vigente la indicada resolución.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

El Abogado Silvio Pérez, por Sabina García Velasco de Paz y Lidia Quezada de Vera, señaló que: i) El control de constitucionalidad afecta tres presupuestos básicos, el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica, que no han sido violados, puesto que el proceso se basó en una escritura pública de reconocimiento de deuda frente al incumplimiento de Mario Mercado a los trabajadores de salud y que al no haberse materializado, debía devolver el dinero, por lo cual se inició el proceso ejecutivo para recuperar $us. 180.000.- (Ciento ochenta mil 00/100 Dólares Estadounidenses), entregados por 152 humildes trabajadores; ii) En dicho proceso, ellos opusieron las excepciones de inhabilidad de título e impersonería, que no demostraron y al ordinarizarse éste -no equivale a un proceso ordinario común sino a la revisión del fallo del proceso ejecutivo, situación inédita porque el Código Civil no reconoce la nulidad de instrumentos sino la nulidad de contratos, diferente a lo planteado por los accionantes; iii) En proceso ordinario se pronunció una sentencia justa y ecuánime, concluyendo que no se presentó prueba de la excepción a revisar; sin embargo en segunda instancia revocaron esa sentencia por que el abogado de entonces era cuñado de la Presidenta del Tribunal de Justicia de Cochabamba; lo cual fue denunciado en casación y que se debía enmendar por imperio de la justicia, la equidad y establecer la mala fe e inmoralidad de las partes; iv) El recurso de casación en el fondo procede además cuando el Tribunal Ad quem pronuncia resolución sobre bases falsas y contradictorias, permitiendo el abuso antes que la correcta administración de justicia; v) El accionante se victimiza señalando que ha perdido sus terrenos y que tiene derecho a la justicia, cuando él afectó los derechos constitucionales de 152 familias empobrecidas; y, vi) La ley faculta al órgano judicial en su función fiscalizadora y de control, revisar el procedimiento, desde el origen al final, en aras de la equidad y la justicia, más aun si el juicio lleva 15 años sin concluir y sin que los trabajadores en salud puedan recuperar lo invertido; puesto que al margen de la subrogación o resolución del contrato, el juez se basó en el reconocimiento de deuda y ahora reclaman la debida celeridad cuando el retraso es imputable a ellos, por lo cual pide se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 11/2015 de 8 de enero de 2015, cursante de fs. 365 a 370, denegó la acción de amparo constitucional, de acuerdo a los siguientes fundamentos: a) El supuesto incumplimiento del art. 278 del CPC, tiene antecedente en la recomposición de la Sala Civil Especializada del Tribunal Supremo de Justicia, que ahora cuenta con dos Magistrados y dos voto, lo cual causó la inaplicabilidad del art. 238 del CPC; b) El Tribunal Constitucional asume competencia para verificar únicamente denuncias de violación de derechos y garantías fundamentales; c) Mediante Sentencia de Proceso Ordinario de 18 de enero de 2012, el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de Cochabamba, declaró improbada la demanda y probadas las excepciones planteadas por cuanto Mario Mercado Rocabado interpuso demanda de modificación del proceso ejecutivo anterior y nulidad de instrumentos; d) La Sala Segunda del Tribunal Departamental de Cochabamba mediante Auto de Vista de 9 de julio de 2013, revocó la sentencia y declaró probada la demanda, disponiendo la nulidad de las escrituras solicitadas y la modificación de los resultados del proceso ejecutivo anterior, por lo que Sabina García Velasco, Lidia Quezada de Vera y José Augusto Claros Enríquez, interpusieron recurso de casación en el fondo, argumentando que: 1) Carecería de congruencia y adecuada interpretación del procedimiento; que no cumplió los principios procesales que rigen la materia y que hacen al debido proceso; 2) Que el Auto de Vista vulnera los arts. 490.I del CPC y 28 de la Ley 1760, debido a que no correspondía en ésta vía analizar la nulidad o anulabilidad de documentos; 3) En relación a los arts. 1289.I y 1290 del CC, no consideró que los documentos públicos hacen plena fe respecto a su contenido; 4) Sobre el art. 236 del CPC, que no citó norma alguna que sustente su decisión de alzada; por lo cual pidieron que case el Auto de Vista recurrido; 5) A su vez el Auto Supremo 120/2014 de 7 de abril, casó el Auto de Vista recurrido manteniendo subsistente la sentencia de primera instancia; y en cuanto a los fundamentos de la Resolución dio respuesta a lo argüido, considerando que resolvió el recurso con un minucioso estudio del caso, desde sus antecedentes más antiguos e identificando los errores incurridos por los Vocales a momento de su emisión para arribar a la conclusión de Casar el Auto de Vista; 6) En cuanto al contraste entre lo impugnado y lo resuelto en el memorial de recurso de casación, se dio respuesta a todos los puntos impugnados en el memorial de casación; 7) El debido proceso en su elemento del derecho a obtener un fallo fundamentado y motivado y el derecho a la defensa constituyen una garantía constitucional cuya aplicación es obligatoria en todas las instancias judiciales o administrativas, desde el inicio de la demanda, mediante el uso y respuesta a todos medios legales de defensa, recursos. Al efecto, el Auto Supremo 120/2014, refirió los puntos impugnados, extraídos del Considerando III, en respuesta a lo invocado, observando la congruencia y armonía entre la parte considerativa y dispositiva de la resolución impugnada; 8) Sobre el derecho de acceso a la justicia por supuesta interpretación irrazonable de las leyes, la parte accionante no acreditó por medio alguno que las autoridades judiciales le hubieran coartado tal acceso a la justica, por el contrario tuvo la oportunidad de accionar su demanda ordina rizando el proceso ejecutivo, propuso prueba e impugnó el fallo de primera instancia, sin que pueda atribuirse una interpretación impertinente de la ley; 9) A propósito de que la resolución incurrió en un fallo ultrapetita e infrapetita, cabe puntualizar que el accionante no impugnó el Auto de Vista y existe de su parte consentimiento con el resultado emergente del recurso de casación, en el entendido de que la protección de la acción de amparo constitucional atañe a quien sufrió la violación de derechos y garantías; y desde el punto de vista jurídico quien no reclamó no puede ampararse sobre algo que no reclamó; 10) Sobre el derecho de petición, invocado en audiencia, con apoyo del art. 24 de la CPE, la sola invocación no garantiza que una autoridad acceda en forma favorable puesto que el resultado depende de la prueba producida por las partes, para conceder en forma positiva o negativa; 11) La aludida interpretación errónea del art. 568 del CC, sobre la resolución del contrato, en torno a que debe ser una resolución judicial que la disponga y que no está permitido dicha resolución en forma voluntaria, tal afirmación resulta errónea puesto que en virtud al art. 450 del CC, todo contrato precisa de la voluntad de las partes, para crear, constituir, modificar o extinguir, sin necesidad de recurrir a la autoridad judicial, acudiendo más bien a la autoridad judicial, cuando no existe la voluntad de solucionar los problemas en forma pacífica y cuya única restricción está en la ley, según previene el art. 454 del CC; y, 12) La autoridad judicial tiene el deber de emitir fallos merced a la equidad y los principios del derecho, según disponen los arts. 1 y 193 del CPC, según establece la actual Constitución Política del Estado Plurinacional, en aras de la cultura de la Paz y del principio ético moral del vivir bien plasmada en los arts. 8 y 10 de la CPE, lo cual corrobora la verdad material analizada, por la cual no se constató ninguna violación de los derechos alegados por el accionante.

CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Sabina García Velasco, Lidia Quezada de Vera y José Augusto Claros Enríquez, por memorial de 18 de septiembre de 2013, interpusieron Recurso Extraordinario de Casación en el fondo contra el Auto de Vista 102/2013 de 9 de julio pronunciado por la Sala Civil Segunda y objetaron: i) La vulneración del principio de congruencia e igualdad efectiva de las partes, así como los principios constitucionales del debido proceso y la seguridad jurídica, ante el estado total de indefensión y violación del art. 490.I del CPC, modificado por el art. 28 de la Ley 1760 (LAPCAF), que prescribe que el proceso ordinario posterior se avoca a la revisión de las cuestiones definidas en la resolución del proceso ejecutivo; sobre la idoneidad o fuerza del título que originó la ejecución o la documentación de las excepciones que hubiesen sido opuestas como medio de defensa, al ser éste el sentido fáctico del procedimiento y no la nulidad o anulabilidad de documentos y de pretender ello, debió tramitarse en la vía ordinaria de conocimiento a fin de obtener pronunciamiento y sentencia declarativa, toda vez que no se materializaron como fundamento de las excepciones tendientes a destruir su eficacia legal; ii) La infracción del art. 956 del CC, puesto que desconoció la función práctica de la confesión y reconocimiento unilateral de la obligación, obviando analizar el documento base de la demanda ejecutiva, contra el cual no opuso excepciones documentadas como exige el art. 507 del CPC, que desvirtúen el título ejecutivo; iii) Con relación al art. 1289.I y 1290.I del CC, no consideró que las normas que presiden el debido proceso son de orden público y cumplimiento obligatorio, según los arts. 90 y 91 del CPC, que regulan la interpretación de las normas procesales como único medio idóneo para la conservación o negación de los derechos sustantivos pretendidos por las partes; y, iv) La vulneración del art. 236 del CPC y su relación con los principios de congruencia y pertinencia, ausentes en la resolución, por cuanto el Tribunal de Alzada no citó una sola disposición legal que respalde su decisión, desconociendo el esmero y rigor procesal en el orden legal que obliga al superior a circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación en concordancia con el art. 227 del CPC (fs. 83 a 89 vta.).

II.2. El accionante, por memorial de 1 de octubre de 2013, respondió al Recurso de Casación y arguyó que: a) No existe ninguna causal para su oposición en la forma ni en el fondo y tampoco cumplió ningún requisito al efecto; b) El art. 28.II de la Ley 1760 permite irrestrictamente la modificación de los resultados del Ejecutivo, sin limitación alguna y no que la nulidad del título ejecutivo sea ajena al objeto del proceso ordinario, merced a que la nulidad procesal deviene de la nulidad sustancial, al margen de estar viciados de nulidad, colusión y otras anomalías; c) El Juez Séptimo de Partido en lo Civil que conoció el Proceso Ejecutivo, exoneró el examen del título prevaliéndose del art. 1289 del CC, presuntamente por estar inmerso en la previsión de los arts. 90 y 91 del CPC y por ello la prueba no fue valorada y argumentando que no podía debatirse la legitimidad de la obligación en procedimiento especial, salvó su derecho a la vía ordinaria; sin constatar la existencia de la obligación; del Poder; la legitimación y personería para celebrarla; la fuerza ejecutiva; la inhabilidad, falsedad y demás presupuestos imprescindibles para la ejecución; d) El Auto de Vista que resolvió la apelación, señalo que la vía ejecutiva no es la adecuada para debatir la legitimidad de la obligación y confirmó la sentencia de primera instancia; e) En proceso ordinario, se aferraron al mandato imperativo del art. 454.I del CC, en cuanto a la preponderancia de la libertad contractual, postulando la autonomía de voluntad que en rigor prohíbe celebrar contratos que exceden los límites de la ley y de hacerlo engendran causa ilícita e ilicitud del motivo que impulsó a celebrar el contrato, al margen de que si faltan requisitos de validez como el objeto y el error esencial sobre su naturaleza, contemplados en el art. 549.2) 3) y 4) del CC, no existe duda sobre su nulidad, más aun si no participaron los legítimos representantes, correspondía aplicar la sanción conforme al art. 546 y ss. del CC y declarar judicialmente que carecen de efecto jurídico, con carácter retroactivo a la fecha de suscripción, sin confirmar ningún contrato con engendro de nulidad según el art. 553 del mismo código; f) Las Escrituras Públicas 914/97 de 24 de diciembre de 1997 y 222/98 de 20 de marzo de 1998, o “convenios nonatos”, fraudulentos y forzados en esos instrumentos, no existen porque adolecen de causa lícita, como prevé el art. 489 del CC, por ser contrarios al orden público y según el art. 1279 del CC, destinados a eludir normas imperativas tales como los arts. 325, 452, 473, 485, 489, 568, 951 y 956 del CC, incluida la escritura pública 431/96 de 11 de julio de 1996, de compromiso de venta y al no haber probado que existe su “resolución” subsiste tal compromiso que supuestamente habría sido dejado sin efecto mediante la Escritura Pública 222/98 en relación al art. 568 del CC y la consiguiente obligación alternativa; g) Los esposos Mercado-Eguez, recibieron 180.000. $us.- en calidad de anticipo empero no se subrogaron la deuda de los compradores con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Loyola Ltda., condición básica expuesta por los arts. 325 y 452 del CC; h) No acreditaron la representación legal ni la calidad de acreedores y apoderados de los promitentes compradores, puesto que la fecha de suscripción de la Escritura 222/98 no coincide con el poder 1097 otorgado recién el 16 de octubre de 1998; i) En el marco del art. 493.I del CC, acreditaron mandato verbal, inserto en un documento público; j) El reconocimiento unilateral de deuda; promesa de pago y transacción que consta en la Escritura Pública 222/98 adolece de los requisitos exigidos por los arts. 325 y 452 del CC, en función de los arts. 1279 y 951.I de igual código; y, k) La condición sine quanon para casar un Auto de Vista consiste en demostrar la infracción de alguna ley o leyes (fs. 100 a 108 vta.).

II.3. A su vez, el Auto Supremo 120/2014 de 7 de abril, que resolvió el Recurso de Casación en el fondo, concluyó que: 1) Los esposos Mercado-Eguez, recibieron el pago parcial de $us. 180.000.- y ante la imposibilidad de entregar los terrenos prometidos en venta, por estar ubicados a las orillas del Rio Rocha –propensos a inundaciones- y sobre áreas verdes, equipamiento y forestación, rescataron una superficie útil de 52.189,30 mts2; y, por otra parte, una vez disuelto el FONVIS a nivel nacional, no fue posible financiar el costo total del terreno por lo que restaba la devolución del pago efectuado hasta la fecha, aspectos que refleja la Escritura Pública 222/98; descartando por ello la afirmación y existencia de errores en los que habrían sido inducidos los actores para la firma de tres contratos sucesivos, toda vez que siendo personas dedicadas al negocio de bienes raíces, es nula la probabilidad de que sean engañados; 2) En cuanto a las determinaciones del Ad quem, estableció que: i) Sobre la intervención de los apoderados en la firma de contratos, acusados de falta de personería que engendró a su vez la nulidad de los mismos; conforme el art. 805 del CC, el mandato puede manifestarse de manera expresa o tácita y no necesariamente por escrito y al ser la representación un aspecto que vinculado al consentimiento, en relación con el art. 554.1) del CC, es causa de anulabilidad del contrato y no de nulidad; en tal caso, los actores no demandaron la anulabilidad de ningún contrato; ii) Sobre la falta de objeto cierto, ilicitud, causa y motivo, error esencial en la naturaleza y el objeto del contrato; falta de consentimiento y otros aspectos señalados, señaló que no son evidentes debido a que inclusive devienen de un análisis contradictorio y excluyentes de unos respecto a otros; iii) Los actores y el Ad quem, utilizan de manera indistinta la terminología de “contratos y escrituras públicas” cuando son diferentes, puesto que la nulidad de los contratos se rige por el art. 549 del CC, y es inaplicable a la nulidad de las escrituras públicas que se rige por la Ley del Notariado; e indistintamente al margen de modificar lo resuelto en el proceso ejecutivo, dispuso la nulidad de las Escrituras Públicas 914/97 y 222/98 y aplicando las mismas causales del art. 549 del CC, dispuso de igual manera la nulidad de la Escritura Pública 782/2004 de venta judicial; iv) Sobre la ordinarizacion del proceso ejecutivo, éste debió ser dilucidado en función a lo determinado en sentencia, con relación a la demanda; en base al título ejecutivo y/o sobre las excepciones opuestas como medio de defensa del ejecutado; por lo cual el proceso posterior tiene por objeto esencial examinar el cumplimiento de los requisitos para la procedencia del proceso; la legitimación de las partes, la competencia del juez; la exigibilidad de la obligación; el plazo vencido y la calidad del título ejecutivo, culminando en la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, sobre la cual el Ad quem refirió irregularidades en su tramitación, señaladas en la ejecución del mandamiento de embargo, fraude procesal, remate, adjudicación del inmueble y venta judicial, los cuales en ningún momento fueron aludidos en la demanda posterior, sobre los cuales no existe una petición clara y concreta; y, v) Se constató mediante la Sentencia del Proceso Ejecutivo que los accionantes no presentaron ninguna prueba que demuestre las excepciones que indican haber interpuesto, lo que dio lugar a que se declaren improbadas; y en cuanto al documento que sirvió de base para la ejecución, señalado en la Escritura Pública 222/98 ésta establece la deuda líquida y exigible de $us. 113.757.- y el plazo vencido a momento de la interposición de la demanda ejecutiva, por lo cual tiene la calidad de título ejecutivo por excelencia previsto en el art. 487 núm. 1) del CPC; aspectos por los que el Ad quem no realizó una adecuada valoración de los medios de prueba ni comprendió en su verdadera dimensión la problemática suscitada, resolviendo al efecto CASAR el Auto de Vista 102/2013 de 9 de julio (fs. 1 a 6 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración a su derecho de acceso a la justicia, al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación, a la defensa y al principio de “seguridad jurídica”; por cuanto la Sala Civil del Tribunal Supremo pronunció el AS 120/2014 de 7 de abril, el cual impugna debido a que: a) Casaron el Auto de Vista con dos votos, sin cumplir lo dispuesto por el art. 278 del CPC; b) Dictaron una resolución ultrapetita, extrapetita e infrapetita, puesto que excedieron el alcance de sus decisiones al margen de los arts. 956, 1289.I y 1290 del CC y 490 y 236 del CPC, aplicando los arts. 586 del CPC y 154, 450, 549, 554.I y 805 del CC; c) No repararon que la ordinarizacion del proceso ejecutivo, constituía un proceso ordinario por fraude procesal en el que debía dilucidarse la nulidad del título ejecutivo y de otros documentos; y, d) Omitieron motivar y fundamentar congruentemente sus decisiones.

En consecuencia, corresponde establecer en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El resguardo de los derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional

La Constitución Política del Estado a través del art. 128, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

En su misma línea, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

Con estas precisiones, concebidas desde la Constitución Política del Estado Plurinacional, el constituyente previó la directa justiciabilidad de derechos y garantías fundamentales bajo la nomenclatura de las acciones de defensa diseñadas constitucionalmente, entre ellas, la acción de amparo constitucional, establecida para la defensa de los actos y omisiones que lesionen derechos y garantías fundamentales, cuyo ámbito de protección se encuentra delimitado por los arts. 128 y 129 de la CPE, acorde al orden sistémico propuesto por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el marco de los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo art. 25.1, establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención…”.

III.2. Proceso ordinario posterior al ejecutivo

La SCP 1023/2010-R de 23 de agosto, igualmente citada por la SCP 069/2014 de 3 de enero, en relación a la secuencia procesal en análisis señaló lo siguiente: “Siguiendo la misma línea del Fundamento Jurídico anterior, es preciso dejar establecido que el art. 490 del CPC, modificado por el art. 28 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF), expresamente dispone que lo resuelto en el proceso ejecutivo, podrá ser modificado en proceso ordinario posterior, promovido por cualquiera de las partes, una vez ejecutoriada la sentencia en el plazo de seis meses; por consiguiente, la sentencia, que tiene carácter formal y no material, dictada en el proceso ejecutivo, es susceptible de revisión o modificación mediante un proceso de conocimiento de naturaleza amplia, de donde resulta que existe una instancia ordinaria al alcance de las partes para modificar la sentencia dictada en el proceso ejecutivo.

En ese entendido, la SC 1329/2006 de 18 de diciembre, estableció que: ‘...el art. 490.I del CPC establece que lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior', y si bien la norma no señala los casos en los que es viable esta ordinarización, no existe la menor duda que sobre lo que tiene que dilucidarse en el proceso ordinario es lo resuelto en la sentencia del proceso ejecutivo; es decir, sobre lo que ésta determinó con relación a la demanda de pago en base a un título ejecutivo y/o sobre las excepciones opuestas como medio de defensa legal, casos en los que presuntamente al ser el juicio ejecutivo breve, entre otras características, no pudo por su propia naturaleza permitir como en un juicio de conocimiento, demostrarse la certeza de la pretensión o de la excepción, no pudiendo entenderse; sin embargo, que lo que no se pudo cobrar por la vía ejecutiva será cobrable al fin por vía de la ordinarización del proceso, pues esta instancia, aunque tramitada mediante otro proceso, en este caso, ordinario, es una continuación del proceso ejecutivo para dilucidar sobre la pretensión de modificarse lo resuelto en el proceso ejecutivo, y declarar en su caso, la obligación o no de pago, de acuerdo con la exigibilidad que devenga de la fuerza ejecutiva del documento acompañado a la demanda ejecutiva, pues ésta es, en esencia, la única manera de salvaguardar la razón de existencia del proceso ejecutivo, y la seguridad jurídica.

(…)

…No se trata, entonces, que el proceso ordinario que suceda al proceso ejecutivo determine si existe la obligación, se trata de dilucidar si al pronunciarse la sentencia dentro del proceso ejecutivo, la demanda fue planteada efectivamente en base a un título ejecutivo, con competencia, personería legal de las partes, exigibilidad de la obligación y plazo vencido, y si, por otra parte, las excepciones planteadas en su caso tuvieron su fundamento, demostradas en su caso, con la documentación pertinente, como exige la ley."

III.3. Sobre el derecho de acceso a la justicia

La SCP 0704/2012 de 13 de agosto, sobre lo abordado por la SC 2029/2010-R de 9 de noviembre expuso que: “…, el derecho de acceso a la justicia, presupone la existencia de escasas formalidades con la finalidad que las personas lleguen efectivamente al sistema judicial, debido a que las ritualidades le quiten eficacia a los derechos y garantías reconocidas por las normas contenidas en el bloque de constitucionalidad, por lo que la administración de la justicia en sus resoluciones o en la dilucidación de las controversias debe buscar el fin supremo de fallar en justicia, dejando de lado los obstáculos procesales cuando la verdad es tangible y cierta la lesión de derechos y garantías constitucionales.

(…)

De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos (las negrillas fueron agregadas).

En este sentido, debe considerarse que la Constitución Política del Estado, en el art. 9.4, establece como fines y funciones esenciales del Estado, 'Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución'. En coherencia con dicha norma, el art. 13.I de la CPE, establece que el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar los derechos. El art. 115 de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, haciendo hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos, conforme al siguiente texto: 'Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos'.

III.4. El debido proceso en sus vertientes de derecho a la motivación, fundamentación y congruencia

La SCP 0017 de 3 de enero, plasmó el debido proceso según la fuente de su aplicación, de la siguiente manera: ”Normativamente, el debido proceso está constitucionalmente reconocido en sus tres dimensiones básicas: i) Como derecho humano (arts. 115.II de la CPE, 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos parte del bloque de constitucionalidad conforme al art. 410.II de la Ley Fundamental); ii) Como garantía jurisdiccional (arts. 117.I de la CPE); y, iii) Como principio procesal (Art. 180.I de la CPE).

La SC 0902/2010-R de 10 de agosto, indica que: ‘…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (concordante con las SSCC 418/2000-R, 1276/2001-R y 0119/2003-R, entre otras).

(…)

La jurisprudencia constitucional es uniforme al determinar que el debido proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia.

Derecho a la motivación, fundamentación y congruencia en las resoluciones

En lo referente al derecho a la motivación o congruencia en las resoluciones (judiciales o administrativas) se constituye en un elemento constitutivo del debido proceso que exige ‘…que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’ (SC 0752/2002-R de 25 de junio).

Esto significa que las resoluciones deben ser ante todo claras e inteligibles, más que abundantes, pues tienen la finalidad de informar de manera efectiva a las partes sobre los aspectos más relevantes de la resolución, permitiéndole asumir un conocimiento cabal y suficiente acerca de las razones que sustentan la decisión. Es en este sentido la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, ha determinado: ‘…que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’.

III.5. Sobre el derecho a la defensa

La SCP 1729/2014 de 5 de septiembre; analizando la composición del derecho a la defensa, señaló que: “En relación a este derecho la SCP 1164/2014 de 10 de junio, mencionando a la SCP 2222/2012 de 8 de noviembre señaló que es: '…considerado como un elemento del debido proceso (…). «En el orden constitucional, no obstante que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, ha sido consagrado en forma autónoma, precisando de manera expresa en el art. 16.II de la CPEabrg que 'El derecho a la defensa en juicio es inviolable' y en el art. 115.II de la CPE, que: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'. Preceptos que resaltan esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad, antes que restrictivamente».

La jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, enuncia dos connotaciones del derecho a la defensa, siendo la segunda vinculada al ejercicio de los medios de impugnación, en este entendido señala: 'La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones…'.

De igual forma con respecto a esta vinculación del derecho a la defensa y los medios de impugnación la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido que los medios de impugnación aseguran la eficacia del derecho de recurrir y del derecho a la defensa (…); '…existe una vinculación o relación entre los medios de impugnación y el derecho a la defensa, considerando que este derecho precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados y puedan impugnar los mismos en igualdad de condiciones…'.

La SC 0140/2012 de 9 de mayo, ha establecido también con relación al derecho de recurrir que: 'La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del «derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior», estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones…

1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158)

2. El derecho de recurrir «…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. (párrafo 158)

3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)»'”.

III.6. Con relación a la seguridad jurídica

La SCP 2222/2012, expuso que: “(…) No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE) (…).

En consecuencia, y volviendo a la realidad jurídica nacional actual, se debe tener claramente establecido que "la seguridad jurídica" al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento (…)”.

III.7. Análisis del caso concreto

Considerando que el accionante objetó el pronunciamiento del AS 120/2014 de 7 de abril, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo, atañe desarrollar su revisión en el orden propuesto, con la finalidad de constatar las presuntas vulneraciones que han sido alegadas.

Sin embargo, en forma previa a ingresar al análisis de fondo, corresponde examinar si dio cumplimiento a los principios de subsidiariedad e inmediatez, como requisito previo a la revisión de las cuestiones apuntadas en la presente acción; respecto de los cuales, la formulación constitucional exige que: “En virtud al primero de los citados, corresponde a los accionantes, agotar todos los recursos de impugnación idóneos que la ley les otorga para el reclamo de sus derechos y garantías”; y, “en virtud al segundo … que sea activada dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o de la notificación con la última decisión judicial o administrativa que se considere lesiva de los derechos y garantías alegados” (sic).

Al efecto, se tiene presente que la resolución impugnada se emitió en recurso de casación, previsto por el art. 250 del CPC en concordancia con los arts. 255 y 262 del mismo Código, contra el cual no existe ninguna vía recursiva o procesal inmediata al constituir la instancia última habilitada por la jurisdicción ordinaria y en este entendido, se estima que el accionante agotó la vía legal prevista por ley. En cuanto al requisito de inmediatez, se tiene como último actuado el AS 120/2014 de 7 de abril, cuya fecha guarda relación con la presentación de ésta acción de amparo, producida el 8 de octubre de 2014, es decir, dentro del plazo de los 6 meses establecidos.

En consecuencia, con relación al planteamiento de la problemática de fondo:

III.7.1. Sobre la vulneración del art. 278 del CPC

El art. 41 de la Ley 025 del Órgano Judicial, -vigente desde la posesión de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia- dispone que las resoluciones que adopten las Salas Especializadas serán pronunciadas con la mayoría absoluta de votos de sus miembros, lo cual implica que la Sala Civil, merced a la nueva recomposición arribada por Acuerdo de Sala Plena, ejerce sus atribuciones por mandato legal con dos Magistrados, aspecto por el cual resulta inaplicable la exigencia contenida en el art. 278 del CPC, en cuyo caso, merced a la necesidad de otorgar la debida funcionalidad a dicha disposición, corresponde a sus miembros -Casar sus resoluciones- con la intervención de los dos magistrados existentes, aspecto que de ninguna manera viola, infringe o puede ser deducida como causal de nulidad, debido a la sustitución normativa operada con la nueva Ley del Órgano Judicial.

III.7.2.Sobre el dictado de una resolución ultrapetita, extrapetita e infrapetita

Conforme establecen el Código de Procedimiento Civil, la doctrina y los sistemas del ordenamiento jurídico comparado; el Tribunal de Casación como garante de la aplicación de ley, en conocimiento de un recurso de casación o de nulidad; analiza especialmente las infracciones a las leyes y a los derechos que interesan al orden público –en este caso concreto- las contravenciones derivadas y emergentes del Auto de Vista 102/2013 de 9 de julio, que dispuso la nulidad de los Contratos Civiles protocolizados correspondientes a las Escrituras Públicas: 914 de 24 de diciembre de 1997 y 222/98 de 20 de marzo; la modificación de los resultados del proceso ejecutivo; la nulidad del Embargo, remate y adjudicación; así como la hipoteca constituida a través de la Escritura Pública 222/98.

En estos términos, de acuerdo a los elementos y argumentos jurídicos dirigidos a invalidar la resolución del Ad quem; la indicada resolución fue cuestionada y acusada por quienes ahora intervienen en la presente acción como terceros interesados, por incurrir en vulneraciones flagrantes y trasgresión de los arts. 956, 1289.I y 1290 del CC y 236 y 490 del CPC; pese a lo cual –en versión del accionante- los Magistrados demandados fundamentaron el Auto Supremo 120/2014, resolviendo el recurso de casación en base a la aplicación contradictoria de los arts. 154, 450, 549, 554.I, 586 y 805 del CC.

En consecuencia, en el ámbito de su derecho al debido proceso y a la defensa presuntamente vulnerados, cabe dilucidar en principio el origen de las afirmaciones del accionante en sentido de sostener las lesiones que provienen de un inminente fallo ultra petita, extrapetita e infrapetita como resultaría ser el AS 120/2014, que en concreto habría concedido a los recurrentes más de lo que pidieron; al margen de su petitorio; lo cual, por lógica consecuencia, afectó a los accionantes con una decisión que concedió menos de lo impetrado. Al efecto, de acuerdo a lo establecido en las Conclusiones II.1, II.2 y II.3 de la presente resolución, se observa que si bien la terminología y la estructura del análisis empleado en el AS 120/2014 no dio una respuesta efectiva a las cuestiones planteadas en la presente acción de amparo; éste hecho encuentra justificación puntual en lo argüido por los demandados y que fue objeto del recurso de casación en el fondo interpuesto por Sabina García Velasco, Lidia Quezada de Vera y José Augusto Claros Enríquez en relación y contra el Auto de Vista 102/2013, de modo que en líneas generales basó su planteamiento en el análisis de la Sentencia de primera instancia correspondiente al Proceso Ordinario tramitado ante el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial, quien –de acuerdo a lo comprobado por ésta Jurisdicción Constitucional y contrariamente a lo manifestado por el accionante- no limitó su análisis a la resolución de la sentencia pronunciada en el Proceso Ejecutivo previamente concluido, ni restringió la presentación de la prueba de las excepciones opuestas y que supuestamente no habrían sido examinadas –más aún por el contrario- dio respuesta “negativa” a su demanda; es decir: i) A la solicitud de nulidad de la subrogación otorgada mediante las Escritura Públicas: 914 de 24 de diciembre de 1997 y 222/98; ii) Al reconocimiento y vigencia de la Escritura Pública 431/96 de 11 de julio que perfecciona la obligación alternativa de venta sobre la porción del terreno equivalente al anticipo de $us. 180.000.- sujeto al precio actual de 8.00.- $us.-; iii) la inexistencia, extinción y nulidad de la deuda fraguada con dichos instrumentos, sus gravámenes e hipotecas; iv) El resarcimiento de daños y perjuicios con cargo al pago indebido de la falsa obligación, sobre el capital e intereses y accesorios, gastos, costas procesales y honorarios de abogado, sin perjuicio de la responsabilidad penal, deduciendo la falta de ganancia y daño moral del pago a cuenta del precio y de la reducción de la superficie a transferir; y, v) La nulidad del embargo y remate que pudiera producirse dentro del proceso ejecutivo, ordenando además la cancelación de las hipotecas existentes sobre el terreno; aspectos estos que fueron dirimidos en primera instancia; tomando en cuenta y considerando fundamentalmente que fue el accionante quien ordinarizó el Proceso Ejecutivo, por cuyo resultado, la indicada autoridad declaro Improbada su demanda y Probadas las excepciones de los ahora terceros interesados.

Con base en éstos antecedentes, resulta evidente que los Magistrados de la Sala Civil, resolvieron el recurso de casación contra el Auto de Vista 102/2013, que revocó la sentencia de primera instancia; retomando el análisis de las vulneraciones recurridas por los nombrados –terceros interesados- a fin de justificar y generar la fundamentación precisa en relación a la promesa de pago y reconocimiento de deuda operada; la fuerza probatoria del documento público; las declaraciones en favor de otros; la pertinencia del Auto de Vista; y, la previsión legal de modificación del proceso ejecutivo en proceso ordinario posterior, contenidos en los arts. 956, 1289.I y 1290 del CC y 236 y 490 del CPC, respecto a los cuales los arts. 154, 450, 549, 554.I, 586 y 805 del CC, relativos a las aguas que delimitan o atraviesan un fundo; la noción para la formación, constitución, modificación o extinción de los contratos; el análisis de los casos de nulidad y anulabilidad de los contratos; las clases, formas y prueba de mandato; y, la venta de cosas determinadas únicamente en su género; no son incompatibles con la fundamentación y motivación de los aspectos contextualizados y resueltos en el AS 120/2014, toda vez que delimitaron previamente con precisión y exhaustividad los elementos centrales de discrepancia que originaron el Proceso Ejecutivo y posteriormente el Proceso Ordinario; en base a los cuales formularon sus planteamientos, conforme al contenido de los fundamentos y motivación de la resolución impugnada que corre de fs. 2 vta., a 6 vta., de obrados.

III.7.3. En relación a las supuestas restricciones impuestas en la ordinarizacion del proceso ejecutivo

Sobre todo, respecto a la denuncia de fraude procesal, según manifiesta el accionante. De acuerdo a la descripción pormenorizada del contenido de la demanda ordinaria interpuesta por él mismo, efectuada en el punto anterior; se constató que el proceso ordinario dilucidó fehacientemente las nulidades atribuidas al título ejecutivo y a otros documentos, cuya resolución estuvo a cargo del Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial, por lo cual no es evidente que se restringió en su perjuicio o se limitó la oposición de la prueba correspondiente a las excepciones que interpuso en proceso ejecutivo; constatación que se efectuó precisamente con la finalidad de tener certeza de que sus pretensiones hubieran sido atendidas en primera instancia, instancia y momento procesal donde además correspondía oponer cualquier reclamo, objeción o la presentación de ésta acción con la finalidad de que se reparen sus derechos, si consideró que habían sido lesionados a consecuencia de dichas anomalías; más aún si reiteradamente la jurisprudencia constitucional contextualizó en forma amplísima los derechos susceptibles de reclamación en el futuro desarrollo de dicho proceso ordinario –que sobreviene a continuación del proceso ejecutivo concluido en todas sus instancias- en el cual inclusive podría modificarse –si correspondía- lo resuelto en el proceso previo; y obtener la declaración de la existencia o no de las obligaciones de pago, deducidas de la exigibilidad, fuerza ejecutiva del documento acompañado a la demanda ejecutiva y el plazo vencido; cuestiones que en esencia no pueden ser pretendidas ni atribuidas a las autoridades ahora demandadas ni en instancia del recurso de casación y mucho menos en éste momento procesal en el que habría precluído su derecho a objetarlas y que al haber sido constatadas permiten aseverar que no se afectaron los derechos argüidos por parte de los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo en lo concerniente a las restricciones por el señaladas.

III.7.4. Respecto a la falta de motivación y fundamentación

El art. 236 del CPC, respecto a la pertinencia de la resolución, establece que el Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el artículo 227 del mismo código, a propósito de la expresión de agravios. Por su parte, el art. 274 del mismo Código señala que el Tribunal casará la sentencia o auto recurrido que infringiere la ley o leyes acusadas en el recurso y que fallará en lo principal del litigio aplicando las leyes conculcadas. En este contexto, conforme a la Conclusión II.3, el AS 120/2014, proveyó el razonamiento y la justificación exigible que trasciende y expresa los motivos de su decisión, acorde a la impugnación efectuada, exteriorizando el examen de hecho y de derecho como constituía su deber, que más allá de la decisión arribada le permite explicitar su fallo en torno a las consideraciones legales y los hechos planteados en el recurso de casación en el fondo, situación por la cual, corresponde establecer que motivaron y fundamentaron su decisión, otorgándole congruencia a la parte conclusiva y resolutiva del citado Auto Supremo; aclarando principalmente que el accionante no acudió a dicho recurso por haberle sido favorable lo determinado en el Auto de Vista impugnado, en cuyo caso, la argumentación precisa estaba dirigida al análisis de los puntos señalados en el recurso de casación en el fondo opuestos por sus demandados en el Proceso Ordinario.

En consecuencia, de acuerdo a la secuencia de aspectos revisados se infiere que no existió ninguna vulneración al derecho de acceso a la justicia por cuanto tuvo a su disposición todos los medios e instancias legales para oponer su defensa; así como tampoco se identificó vulneraciones al debido proceso en su composición del derecho a la debida fundamentación y a la defensa; y, al principio de “seguridad jurídica”, estableciendo sobre éste último que la Jurisdicción Constitucional no despliega la tutela de la acción de amparo en resguardo de los principios contemplados en la Constitución Política del Estado Plurinacional.

Consiguientemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela de la acción de amparo constitucional; efectuó una compulsa adecuada de los antecedentes procesales.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren el art. 202.6 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 11/2015 de 8 de enero de 2015, cursante de fs. 365 a 370, pronunciada por la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

MAGISTRADO