SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0893/2015-S3

“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966, Ratificado por el Gobierno boliviano mediante DS 18950 de 17 de mayo de 1982, elevado a rango de ley por Ley 2119 de 11 de septiembre de 2000, depositada el 12 de agosto de 1982), en el art. 14. inc.3, referido a las garantías mínimas que debe tener toda persona acusada de un delito, se menciona al derecho: 'f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal';

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (OEA, 1969, adhesión por el gobierno boliviano mediante DS 16575 de 13 de junio de 1979, ratificada mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993), en su art. 3, referido a las garantías judiciales, reconoce el 'Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal'.

De dichas normas se desprende el derecho de toda persona que no comprenda el idioma en el que se celebra el juicio a ser asistida por un intérprete o traductor, entendimiento que ya fue desarrollado por este Tribunal, cuando a través de las SSCC 1044/2003-R, 0430/2004-R, 1733/2004-R y 58/2006-R, señaló '…como garantías que conforman el debido proceso, y encuentra su fundamento en el derecho a la defensa, toda vez que sólo en la medida en que las audiencias, interrogatorios y demás actuaciones del proceso penal puedan ser comprendidas por el imputado, desarrollándose en el idioma que entiende y habla, se estará garantizando el ejercicio real de ese derecho, dado que el mismo no se agota en la defensa técnica que pueda tener el imputado, sino que comprende a la defensa material, en virtud de la cual se le da una intervención activa dentro del proceso, para que pueda formular peticiones y realizar las observaciones que considere oportunas' (SC 0058/2006-R de 18 de enero).

El reconocimiento de este derecho responde a una lógica simple, traducida en que la persona imputada por la comisión de un delito, debe conocer los hechos que se le endilgan, la acción que se le está siguiendo, la causa de su privación de libertad y los derechos que deben ser respetados, a objeto de poder asumir su defensa material frente a actos o hechos que considere atentatorios a sus derechos y garantías constitucionales. Tan evidente es esto que la propia Constitución Política del Estado vigente, en el art. 120.II, amplía este derecho señalando que: 'Toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma; excepcionalmente, de manera obligatoria, deberá ser asistida por traductora, traductor o intérprete'.

Conforme se aprecia, nuestra Constitución Política del Estado es más garantista que las normas contenidas tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues estas normas sólo hacen referencia al derecho a un traductor o intérprete, mientras que nuestra Ley Fundamental, señala que toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma, y sólo excepcionalmente, prevé que la persona sea asistida por un traductor o intérprete” (SC 0061/2010-R de 27 de abril).