SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0004/2016-S3

En similares casos en los que denunció la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley, la SC 1748/2011-R de 7 de noviembre, a tiempo de examinar el cumplimiento de las condiciones requeridas para la revisión de las decisiones judiciales estableció que: “…el sólo hecho de la discrepancia manifiesta de la accionante respecto a lo decidido por las autoridades de la jurisdicción ordinaria, no se traduce en vulneración a sus derechos invocados ni configura el fundamento suficiente para acudir a la justicia constitucional en procura de revisar nuevamente lo decidido por las autoridades demandas; enfatizándose que, este Tribunal está impedido de ingresar al análisis del criterio emitido por el Juez y por los Vocales codemandados, respecto a las decisiones asumidas en las Resoluciones que se impugnan en la presente acción tutelar, por corresponderles la valoración de la prueba y la interpretación de las normas legales infra constitucionales en los procesos ordinarios puestos a su conocimiento, como facultad propia de la jurisdicción ordinaria y no de la constitucional, dada su finalidad protectora de derechos fundamentales y no de instancia de apelación o casacional” (las negrillas nos pertenecen). De igual modo, la SCP 0601/2015-S3 de 17 de junio, que atendió el reclamo del Gerente a.i. de Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del SIN, sobre la infracción de los arts. 121 al 124 del CTB, sostuvó que: “…En el presente caso, si bien la entidad accionante acusó la infracción de los arts. 121 al 124 del CTB, referida a la acción de repetición, su procedimiento y procedencia, sosteniendo que el art. 5.I.3 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0044-05 de 9 de diciembre de 2005, establecería que para viabilizar la acción de repetición debió el contribuyente impugnar la Resolución Determinativa GRACO 17-00586-10; y, que no se podría separar del tributo omitido las multas y los intereses porque son parte integrante de la deuda tributaria, citando la fórmula empleada para la determinación de dicha deuda tributaria (DT = TO x (1 + r/360)n + M); sin embargo, omitió vincularla con el ejercicio de los derechos fundamentales invocados y la actividad argumentativa-valorativa-interpretativa desplegada en la Sentencia 545/2013, debido a que es indispensable que la parte accionante demuestre argumentativamente cómo los criterios asumidos en la citada decisión judicial son contrarios a los marcos legales de razonabilidad y equidad para decidir, no siendo suficiente mostrar el desacuerdo sino ante todo desnudar los yerros interpretativos (aplicación de la norma) y/u omisión e irrazonabilidad valorativa, traducidos en una insuficiente fundamentación, motivación y/o congruencia del fallo…” (las negrillas nos pertenecen). Discernimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0659/2012, 1061/2012, 2098/2012, 1408/2013 y 4057/2014, que entre otros, señalaron que: “…el recurso de amparo no es casacional y por ende no puede revisar a la interpretación de la legalidad ordinaria para determinar la correcta o incorrecta aplicación de normas…”.

Línea jurisprudencial precedentemente expuesta que esta Sala mantiene y ratifica, por cuanto -en el presente caso- la interpretación y aplicación de las normas administrativas-tributarias de naturaleza infraconstitucional corresponden, en grado de impugnación, a la AIT y no así a la jurisdicción constitucional que abre su competencia únicamente cuando se demuestre que en la aplicación y exégesis de las normas legales se conculcó los derechos y las garantías primordiales fijados en el bloque de constitucionalidad; actuar en forma diferente implicaría desnaturalizar la esencia de las acciones tutelares convirtiéndola en medios de impugnación adicionales o complementarios a los mecanismos ordinarios de protección previstos en el Código Tributario Boliviano.