SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1336/2016-S3

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 30 de 9 de agosto de 2016, cursante de fs. 291 vta. a 294 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que las personas que se encuentren en el inmueble ubicado en la UV 201, manzana 9, lote 38, con una superficie de 366 m², de propiedad del accionante, desocupen el mismo en el plazo de siete días, bajo prevención de ordenar el desapoderamiento contra quienes estén en posesión del inmueble, bajo los siguientes fundamentos: 1) El Tribunal de garantías es de puro derecho y no puede ingresar a valorar cuestiones de hecho, sino verificar la lesión o no de los derechos conforme denuncia la parte accionante, quien tiene legitimación activa, en mérito al derecho real obtenido mediante adjudicación judicial que resulta ser perfecta; 2) Los hechos denunciados ocurrieron el 11 de junio de 2015, y la acción de amparo constitucional fue presentada el 10 de diciembre de igual año; es decir, dentro del plazo de seis meses; 3) En el caso de ingreso violento a un bien inmueble, la jurisprudencia constitucional exige a la parte accionante la acreditación del derecho propietario del inmueble que se reclama, cuya adjudicación judicial fue acreditada en el caso; 4) La parte demandada no acreditó derecho real constituido sobre el inmueble, sino solo una certificación de una junta vecinal; 5) No existe derecho propietario controvertido porque como se tiene señalado, el accionante demostró la adjudicación judicial del bien; 6) Mediante informe policial se acreditó que el 11 de junio de 2014, las personas demandadas ingresaron con violencia al bien del accionante; asimismo, constan órdenes de desapoderamiento emitidas por el “juez inferior”, que acreditan la posesión previa del bien por parte del accionante y que las personas demandadas asumieron una conducta al margen de la ley; 7) Las personas demandadas no acreditaron que el bien inmueble se encuentre en otro lugar distinto; 8) Pedro Miranda Quenta -ahora codemandado- fue encontrado y notificado en el inmueble ya señalado y que habiendo sido ejecutados dos desapoderamientos, no se respetó el derecho propietario del ahora accionante; y, 9) Conforme a los arts. 53.I y 54.II del Código Procesal Constitucional (CPCo) y las SSCC 0142/2003, 812/2007 y 864/2003, el Tribunal de garantías puede aplicar la excepción a la subsidiariedad, cuando la parte accionante demuestre un daño inminente, irreparable e irremediable, ante la espera de todo el trámite ordinario para recuperar el ejercicio de su derecho real sobre el inmueble, situación que evidenciaron en el caso presente.