SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1438/2016-S3

Insumos Bolivia a través de su representante legal, en audiencia, refirió que: i) Se creó la Fundación AGROCAPITAL -hoy accionante- con dinero del Estado en la propia oficina de “PL 480”, cuyo Director era un funcionario de la propia entidad estatal, y se prohibió vincular sus recursos económicos con manejos de dinero del Estado, y todo el capital proveniente de donaciones lo traspasaban a dicha Fundación, por ese entonces regulado por la Superintendencia de Finanzas, pero hubo observaciones por parte Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo indicando que la Fundación ahora accionante estaba intentando patrimonializar recursos del Estado, entonces el 2007 se realizó dos conciliaciones, en la primera se consignó una suma muy alta, y como consecuencia de la segunda, se creó Insumos Bolivia -ahora tercero interesado-, y se advirtieron una serie de delitos peculado, entre otros y la Contraloría General del Estado interpuso querella penal que a la fecha del planteamiento de la presente acción tutelar cuenta con imputación formal; ii) Trataron de hacer ver como si el acta de conciliación fuera una resolución firme, pero en los hechos se sujeta a la convalidación efectuada por el FONDESIF; empero, éste fue liquidado por el Estado el 2008; iii) Los Magistrados ahora demandados sopesaron todos los extremos que llame a la convicción de que la conciliación estaba sujeta a una condición, eso es la convalidación de los fondos que no se pudo efectivizar, y al tratarse de dinero del Estado no puede patrimonializarse como tampoco puede ser objeto de privatización para beneficiar a una entidad privada; y, iv) Las cuatro supuestas denuncias están íntimamente relacionadas; la primera, que declare como validada el acta de conciliación lo cual no se pudo efectuar; segundo, que declare como pagado lo adeudado, pero como se hizo una nueva acta en diciembre de 2011, Insumos Bolivia hoy tercero interesado dejó en claro que el dinero recuperado corresponde al Estado; tercero, se tiene que la Resolución fue inserta a un amplio debate sometiéndose al debido proceso, y respecto a la supuesta desacreditación, se inició un proceso penal, por cuanto se desechó esos argumentos, y por consiguiente, no existe ningún daño económico ocasionado a la Fundación ahora accionante.